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Cabe recordar que los abogados del consorcio presentaron recursos de reposición contra la decisión de caducidad argumentando que hubo irregularidades en el debido proceso y en la resolución de caducidad, proferida por el Instituto Nacional de Vías, Invías, el pasado 27 de enero.
La última audiencia del proceso que lleva el Invías se llevó a cabo el 2 de febrero, el mismo día en que se presentaron los recursos de los abogados. En dicha sesión, el Invías suspendió indefinidamente la audiencia para analizar los argumentos de los contratistas.
Luego de un mes de evaluar los recursos y argumentos, la audiencia se convocó para el próximo martes, en donde se espera se anuncie en definitiva si deja en firme la caducidad o si reversa.
Paralelamente, mientras el Invías analiza los recursos, la ministra de Transporte, Natalia Abello, y el representante legal de la Unión Temporal Segundo Centenario, Carlos Collins, han venido sosteniendo reuniones buscando formular alternativas para no caducar el contrato.
Entre las posibilidades están que el consorcio seda el contrato a un tercero, abrir una licitación, o que el contratista inyecte recursos y siga con la construcción.
Las reuniones han estado centradas en discutir nuevas fórmulas, como inyectarle recursos al proyecto, la llegada de un socio estratégico y la terminación en un plazo de 13 meses de la obra. Todo apunta a que la carta ideal sería una mayor inyección de recursos para que la obra quede en manos del mismo consorcio, la Unión Temporal.
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Según explicó, apenas 1% de los recursos ha llegado a jóvenes de estrato 1 y solo 26% ha beneficiado a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que concentran cerca de 80% de la población joven del país
El documento presentado plantea de manera explícita la necesidad de revisar el actual esquema económico del país y avanzar hacia un modelo con mayor protagonismo estatal