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La medida, entre otros aspectos, busca otorgar los derechos de la libre información ambiental y la protección de líderes ambientales
Antes de iniciar su gira internacional y con miras de llegar a la Conferencia de las Partes (COP) en su edición número 27 en Egipto, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que aprueba el Acuerdo de Escazú, la cual fue aprobada en el Congreso a comienzos de octubre.
La discusión de este proyecto tuvo un camino espinoso en el legislativo, pues desde que Colombia lo firmó en 2019 han sido varios los impedimentos que se atravesaron en el Capitolio Nacional para que este acuerdo pudiera ser aprobado.
Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú es un tratado regional que tiene como objetivo principal garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Este acuerdo, si bien fue firmado en 2019 bajo la administración de Iván Duque, no contaba con las funciones jurídicas vinculantes pues no había sido ratificado, escenario que cambió debido a la aprobación del legislativo y ahora se suma la sanción presidencial.
Al respecto, en anteriores periodos legislativos (20 de julio de 2020 a 19 de julio de 2021) fue archivado el proyecto de ley que buscó ratificar el tratado. Más adelante, en octubre de 2021, el proyecto fue radicado nuevamente (Proyecto de Ley Senado 251 de 2021) y en abril del mismo año se aprobó en primer debate. El 26 de julio de 2022, fue aprobado en segundo debate.
En la región, en total, son 14 países que han ratificado el tratado internacional. Los últimos en avanzar en este proceso fueron Chile y Colombia sumándose a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
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