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Se trata de la vía que conduce desde Puerta de Hierro a Palmar de Varela y desde Carreto a Cruz del Viso, cruzando los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, con una extensión de 202 kilómetros.
La decisión de no continuar con la construcción, según ha revelado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se da porque el concesionario dijo haber encontrado material que no aparecía en los prepliegos y que encarecería la obra.
En una declaración al diario El Confidencial, Sacy aseguró que “el contrato licitado es de imposible realización por causas técnicas. La compañía sostiene que tras la consecución del contrato, surgieron imprevistos que no estaban en los pliegos, por lo que no se puede llevar a cabo la infraestructura”.
Como consecuencia de la negativa de la Concesionaria Vial Montes de María de no continuar las obras, la ANI decretó el incumplimiento del contrato, por un valor de $474.267 millones, al considerar que este sigue vigente.
De acuerdo con la decisión de la Agencia, hubo incumplimientos en cinco de los puntos del acuerdo, por lo cual se impuso a la compañía Sacyr una multa de $11.000 millones.
La polémica
La Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. no se quedó quieta y en su momento solicitó la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad (ERR) relacionado con el estado de la estructura de la vía. Sin embargo, el pasado 4 de mayo la controversia jurídica, que fue atendida por la figura del ‘amigable componedor’, le dio la razón al Estado Colombiano. .
Posteriormente la firma Concesionaria formuló una demanda ante el Tribunal de Arbitramento, en la que busca la declaratoria de nulidad de la decisión del amigable componedor.
Ahora el Gobierno espera que los contratistas de las concesiones cumplan con lo que se comprometieron contractualmente con la ANI y el Estado colombiano.
Según explicaron las entidades, el Código Único garantiza la correcta identificación de los productos, incluso cuando se presentan modificaciones en el registro sanitario
Este cronograma aplica para impuestos nacionales y contempla tanto obligaciones formales como sustanciales, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2229 de 2023
El proceso comercial se extenderá hasta la tercera semana de febrero de 2026, periodo en el que se espera concretar la firma de los contratos
