Alerta por aumento en contratación estatal antes de Ley de Garantías Electorales

Según Camilo Mancera, coordinador nacional jurídico de la MOE, estas dos semanas que vienen serán especialmente críticas y por eso será crucial estar pendientes de lo que suceda en las administraciones locales en términos de contratación, porque “lo que hemos podido detectar tanto en este proceso electoral como en los anteriores es que buena parte de la contratación previa a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías se adelante con fines proselitistas”.

Sin embargo, Mancera advirtió que erróneamente la Ley de Garantías suele circunscribirse exclusivamente a temas financieros, cuando en realidad va más allá de lo estrictamente contractual.

“La intervención en política de funcionarios públicos ha sido una situación que constantemente nos reportan. Tenemos denuncias de distintos eventos en los que gobernantes aparecen con precandidatos que todavía no están inscritos y por eso no constituye una irregularidad como tal, pero sí se le causa un daño grave al equilibrio entre las campañas”.

En cuanto a los territorios con mayores riesgos de incurrir en este tipo de irregularidades, Mancera aseguró que en la MOE no se tienen identificados estos lugares “ya que en muchas ocasiones este tipo de situaciones son reportadas en razón de la persona que esté en el cargo, y como las administraciones cambian se dificulta mucho establecer un patrón”.

El riesgo es inmenso
Para Marcela Restrepo Hung, directora del área de Sector Público de Transparencia por Colombia, es claro que en Colombia hay una falla estructural en el proceso de contratación y precisamente por eso “estas próximas dos semanas se convierten en el momento crítico de ese desorden”.

Si bien Restrepo aclaró que en Transparencia por Colombia aún no hay una medición sistemática de lo que podría presentarse en los próximos días, sí confirmó que el trabajo cercano que realizan con los distintos gobiernos locales les ha permitido comprobar que previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías las entidades empiezan a acelerar todo el proceso de contratación, sobre todo en lo que tiene que ver con los convenios interadministrativos y la contratación directa, “lo que nos plantea un riesgo inmenso, porque muchas veces son contratos sin planeación ni medición de riesgos que no cumplen con los otros requisitos de carácter legal que son requeridos”.

Por su parte el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien hace parte de la Comisión Especial de Seguimiento Electoral, dio a conocer que a la fecha, de las más de 330 denuncias que ha recibido Uriel (Unidad de Reacción Inmediata Electoral), 30 de ellas se refieren al presunto uso inadecuado de los recursos públicos.

Así mismo, desde la Contraloría se informó que, de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 354 de la Constitución, desde ese órgano de control ya se está preparando una circular que se les dirigirá a todos los entes territoriales para que hagan buen uso de los recursos, sin que ello se convierta en un impedimento para que los alcaldes y gobernadores realicen una buena gestión presupuestal.

¿Piedra en el zapato?
En Colombia mucho se ha debatido sobre la conveniencia de esta ley y las posibles repercusiones negativas que puede tener en los índices de ejecución de las administraciones locales. De hecho, aún está fresca en la memoria de los colombianos la polémica que suscitó el anuncio hecho por el presidente Santos hace algunos meses, en el marco del Congreso Nacional de Municipios, donde sugirió que el Gobierno contemplaba presentar una propuesta para derogarla, pero fue tal el rechazo que causó la idea que tuvo que ser prontamente desechada.

Al respecto el profesor de Derecho Administrativo, Andrés Úsuga, indicó que la Ley de Garantías no puede ser vista como un obstáculo para las administraciones y agregó que “la verdadera piedra en el zapato son los gobernantes que planean mal su contratación. No podemos seguir permitiendo que las administraciones en el último año de Gobierno contraten sin cumplir con la planeación que exige la Ley 80”.

Además, Úsuga explicó que contrario a lo que se cree, esta ley no paraliza la contratación en las administraciones sino que “básicamente prohíbe la modalidad de contratación directa, que es la que en efecto pone a peligrar el presupuesto público y es con la que se pagan favores y se hacen nóminas paralelas”.

Aunque Úsuga dijo estar en desacuerdo con la posible derogación de la Ley de Garantías, reconoció que la misma necesita ajustes para ser más eficiente en su tarea de darle equilibrio al proceso electoral.

“Efectivamente esa norma no ha sido suficiente para prevenir los temas de corrupción, pero eso no quiere decir que deba ser derogada, sino que debe ajustarse, porque tristemente hecha la ley, hecha la trampa y ya se han encontrado una cantidad de esguinces a la norma”.

En ese mismo sentido fueron las declaraciones de Restrepo, de Transparencia por Colombia, para quien la ley debe ser revisada por las dinámicas tan complejas que genera en la ejecución de los recursos de las administraciones locales.

“El problema no es la Ley de Garantías, sino la falta de planeación y ejecución racional de los recursos, pues siguen primando los intereses políticos y clientelistas. El problema no es que no haya dinero sino que no se sabe en qué gastarlo y por eso es erróneo calificar la ley como una norma que obstaculiza”.

Por último, desde la MOE también insistieron en la necesidad de que la ley siga vigente, ya que ejerce controles frente a la posible intervención de las administraciones en las distintas campañas políticas y derogarla traería consecuencias muy dañinas.

“La Ley de Garantías tiene una serie de temas de gran importancia que le dan equilibrio y transparencia a todos los candidatos, y quitar eso nos dejaría en una situación en la que el proceso electoral quedaría al libre manejo de las administraciones locales”, puntualizó Mancera.