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Según la Contraloría Distrital la acción se toma ante un posible detrimento patrimonial por $1.500 millones de los recursos con los que se pretendía entregar ayudas a los desplazados del parque Tercer Milenio en Bogotá.
El organismo de control reveló que este juicio de responsabilidad fiscal fue abierto no solo en contra de la Secretaria de Gobierno sino también contra el Instituto para la Economía Social (Ipes) y la fundación Proactiva, que eran los encargados de brindar las ayudas económicas para la ejecución de proyectos productivos.
“El convenio suscrito entre el Distrito y la asociación Proactiva en junio de 2010 era para beneficiar a 907 familias desplazadas. Sin embargo, a mayo de 2011, fecha en la que se cumplió el plazo de ejecución del convenio, sólo se les entregó ayuda a 196 familias, es decir, el 22%. No obstante, se giró el 90% de los recursos por parte del Distrito”, explicó el ente de control.
Además la Contraloría sostuvo que la firma Proactiva entregó a varios desplazados cheques sin fondos para financiar proyectos productivos, “se logró establecer que Proactiva, suscribió actas de entrega de subsidios a desplazados en las que les giró recursos superiores al valor autorizado en el convenio que era de ($1.500.000) Y a su vez entregó a otros beneficiados recursos inferiores a los pactados.
Aunque la Contraloría busca recuperar los recursos que generaron el presunto detrimento patrimonial, el proceso enfrenta dificultades toda vez que Proactiva está en proceso de liquidación, lo cual dificulta determinar dónde se encuentran los dineros y además los desplazados no pueden acceder a ningún otro subsidio por cuanto figuran en las bases de datos como beneficiarios de recursos.
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