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ARCHIVO Proteger más o menos, esa es la cuestión
sábado, 16 de noviembre de 2013
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Carolina Lorduy

La discusión acerca de la conveniencia o no de liberalizar el comercio parece finalmente haberse superado en Colombia.

Los diferentes actores han aceptado, algunos con dificultad, que no se trata más de una opción sino de una realidad: el intercambio comercial entre los países es una necesidad, ningún país es capaz de proveerse a sí mismo de todos los bienes necesarios para el bienestar de su población.

Hoy en día pues, la gran cuestión en política comercial es el grado de integración deseable y conveniente para cada país. Liberalización, sí, (claro que sí!), pero, ¿hasta qué punto y en qué condiciones?

Esta pregunta parece no tener una respuesta clara que pueda guiar a los actores públicos y privados de las negociaciones comerciales y les señale el norte de su actuar. Hay que abonarle al actual Gobierno el haber decidido hacer un alto en el camino de la liberalización del comercio, evaluar el estado de cosas y definir una política en consonancia con los hallazgos. Aún es prematuro señalar el efecto directo de la entrada en vigencia de los acuerdos con dos de las economías más grandes del mundo, pero de acuerdo con las cifras disponibles -antes y después-, podemos tener un moderado optimismo.

Sin embargo, en el ámbito agrícola (el cual para efectos de las negociaciones comerciales, de acuerdo con las normas OMC, incluye los productos procesados), algunos de los acuerdos comerciales suscritos no guardan una coherencia ni entre sí ni con las demás políticas de Estado. Mientras los productos procesados se desgravan de manera acelerada o inmediata, los productos agropecuarios, insumos de aquellos, se protegen.

Y no es que los productos agrícolas no puedan ser objeto de especial protección. La mayor parte de los países protege su sector agrícola y de una u otra forma subsidia su existencia. No obstante, en materia comercial esa protección debe ser coherente a lo largo de las cadenas.

Vamos a ponerlo simple: los altos aranceles sobre las materias primas agrícolas, de inmediato inflan artificialmente los precios de esos productos en el interior del área protegida pues los precios internos tienden a igualarse a los precios del producto importado, incrementando los costos del producto final nacional. Al mismo tiempo, entran al país productos finales más baratos y además sin aranceles. El consumidor se inclina lógicamente por éstos. Por eso, cuando los sectores agrícolas piden protecciones pero son indiferentes a la suerte de los productos finales, y cuando los gobiernos aceptan ese esquema, no se le hace daño solamente al sector industrial sino al propio sector agrícola.

Ahora bien, los acuerdos comerciales per sé no son buenos ni malos. Son aprovechables o no aprovechables, y lo son en la medida en que los sectores “beneficiados” por el acuerdo estén preparados para materializar las ventajas competitivas que éste les ofrece.

En el sector agroindustrial el principal reto es salir de la trampa de habernos consagrado como exportadores de commodities. No quiere decir que se abandone la exportación de los productos tradicionales (todos commodities) pero sí que es imperativo ampliar la oferta exportable. Ampliar esa oferta significa identificar la demanda mundial y producir aquello en que exista real potencial para ser competitivos, privilegiando el valor agregado. Esta tarea es aún más compleja para un sector que, además de las debilidades del país en infraestructura, seguridad, costos de los combustibles y de la energía, debe afrontar otras como el contrabando que en algunos sectores llega a representar hasta el 40% del mercado.

La respuesta pues a nuestra pregunta inicial es: cada cual a su ritmo. Cada país, en la medida en que esté preparado, adaptando al mismo ritmo sus condiciones de competitividad a sus políticas comerciales, puede ir transitando hacia el libre mercado. Pero cualquiera que sea el ritmo que el país adopte, éste debe ser coherente. Que los acuerdos comerciales sean un instrumento de progreso y generación de ingresos para todos, no una política pública más de aquellas que fragmentan las cadenas productivas.