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Tras la concertación entre las entidades implicadas y el Ministerio Público, se estableció que estas se comprometerán a ayudar a los menos favorecidos con el pago del servicio de energía.
Se reiteró que Electricaribe, la Superservicios, la Unidad Minero Energética, además de las gobernaciones y alcaldías de la costa caribe están bajo la lupa de la Procuraduría tras los inconvenientes que se presentan en esa región y que ya completan ocho años sin solución.
El ente de control confirmó que de comprobarse las faltas, se llevarán a cabo las sanciones correspondientes en defensa de los derechos de las poblaciones de siete departamentos del país.
