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Con una carta, los mineros de la provincia de Soto Norte, en Santander, solicitaron a la ONU visitar y conocer el páramo de Santurbán antes de emitir conceptos que puedan ser sólo técnicos, y que se aparten de la problemática socioeconómica que enfrentan los habitantes de esta región.
La solicitud de los mineros responde al pliego de recomendaciones que en septiembre pasado realizó la Organización Internacional de Franciscanos, el Congreso Ambiental de Santander y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Dentro del pliego de peticiones, estas organizaciones sugirieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que garantice una delimitación del páramo que reconozca y proteja todas sus 160 mil hectáreas, “según criterios técnicos”. Además, abstener de otorgar licencias ambientales de explotación minera en el páramo de Santurbán, que se tomen medidas para proteger el agua que abastece dos millones de personas y que proviene de este páramo.
Finalmente, estos organismos pidieron “se investigue y sancione los daños hasta hoy cometidos en el páramo y se aplique el principio de precaución” solicitado mediante derecho de petición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial por la Familia Franciscana de Colombia, la Conferencia de religiosos y la mesa ecuménica por la paz. (Ver nota).
Ante este pliego de recomendaciones, los mineros, con 215 firmas de representantes de organizaciones civiles, líderes políticos, gremios económicos, estudiantes, amas de casa, profesionales, trabajadores y desempleados de los municipios de California, Vetas y Suratá; a través de una carta, extendieron su solicitud a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, para que visite el páramo de Santurbán y conozca la problemática de la Provincia de Soto Norte.
“Presentamos nuestra queja formal contra la Organización Internacional de Franciscanos, el Congreso Ambiental de Santander y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, e invitamos a un equipo de la ONU para que visite y recorra la zona donde nacimos, vivimos y trabajamos, para que de manera presencial, técnica y social certifiquen nuestra queja, que no se ampara en estrategias políticas, sino en historias de vida reales y constatables”, afirma la misiva enviada a la ONU.
Al respecto, el presidente del Concejo de California, Carlos Augusto Latorre, manifestó que no es posible, como lo exigen estas organizaciones, que se tengan en cuenta sólo aspectos técnicos, “la parte socioeconómico es vital porque estamos hablando de un sinnúmero de familias que dependen de esta actividad económica. Queremos que ellos nos visiten y conozcan qué es páramo y qué no hace parte de él. Que vengan y se enteren de qué es lo que está pasando. El componente socioeconómico no se puede tener como un anexo o un insumo más”.
En la misma carta, los mineros exponen el aumento en la tasa de desempleo producto del despido masivo al que se han visto obligadas las multinacionales mineras, la urgencia de una delimitación del páramo que en lo posible sea por la misma línea del Parque Regional Natural Páramo de Santurtán y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los habitantes de Soto Norte. Además, recuerdan su tradición minera como principal actividad económica desde hace más de 450 años.
“El eje central de un pueblo es el componente social, en este sentido, pedimos respeto como comunidad, como personas y ciudadanos. Acá no se puede hablar sólo de aspectos técnicos cuando es la población la afectada y la que teme porque haya un desplazamiento obligado, se cambie una tradición de muchos años, todo por capricho de unas masas que se hacen llamar defensores del medio ambiente, pero que nunca han visitado la zona”, añadió Raúl Trillos, abogado y vocero de la comunidad de California.
