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Sin embargo, también trabajamos en medio de contextos que constituyen enormes oportunidades: desde la posibilidad de un acuerdo de paz en La Habana -y el subsecuente posconflicto- hasta la devaluación del peso colombiano. Este último es bien ilustrativo de aquellos retos que debemos entender como enormes oportunidades: si aprovechamos la coyuntura de la tasa de cambio para aumentar las exportaciones de productos no tradicionales, de allí saldrán nuevas alternativas de empleo e ingresos para los colombianos.
Eso sí: los retos no se convierten por sí solos en oportunidades. Hay que exigirnos a diario para que eso ocurra. Con los jóvenes, por ejemplo, comprendimos que -si enfocamos algunos de nuestros esfuerzos en ellos- podremos impactar positivamente las cifras de empleo. Al representar el 50% de la población desocupada, analizamos cómo superar algunos obstáculos que hoy condicionan su ingreso al mundo laboral. El Congreso ha escuchando nuestro llamado y ya aprobó en primer debate el proyecto de ley “Jóvenes sin barreras por la paz”, con el que pretendemos darle solución a trabas como el requisito de la libreta militar para obtener un primer empleo.
En el mismo sentido trabajamos en la formación pertinente. Con el director del Sena hemos socializado lo que llamamos la “tasa de pertinencia 25, 55, 75”. Quiere decir que en 2010 solo conseguían trabajo 25 de cada 100 aprendices del Sena; el año pasado ya lo hacían 55 de cada 100; y la meta para 2018 es que sean 75. Los últimos datos evidencian que el Sena está cumpliendo y que avanzamos en la dirección correcta, pues hemos llegado a 60% de empleabilidad.
Otro reto es seguir disminuyendo la informalidad, que en el campo se acerca a 88% -contrario a las mejoras de ese mismo indicador en las 13 áreas metropolitanas-. No hay duda de que la mejor oportunidad para asumir este desafío es el fin de la guerra y la implementación de los acuerdos de paz, en particular el punto que guarda directa relación con el desarrollo agrario.
Por lo pronto, venimos trabajando con grupos poblacionales que históricamente han vivido sin “los mínimos de los mínimos” en cuanto a trabajo decente. Con las empleadas domésticas, por citar uno de esos grupos, hemos llegado a casi 120.000 de ellas formalizadas.
Los adultos mayores también hacen parte de nuestros esfuerzos y prioridades. Son diversas las propuestas que hay sobre la mesa con respecto a una reforma pensional -y no descartamos ninguna-. Desde el Ministerio de Trabajo hemos estado atentos a las discusiones generadas por importantes centros de estudio -empresariales y de trabajadores- y por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -Ocde- y el Banco Interamericano de Desarrollo. Aspiramos a que todo sea debatido en la Comisión de Concertación que hemos establecido para este tema, de manera que hayamos llegado a unos acuerdos básicos hacia el próximo 20 de julio.
En todo caso, a la reforma pensional debemos concurrir en tono amable y franco, dispuestos al diálogo concertado. Así lo hemos hecho a lo largo de este año, actuando con sindéresis en muchos escenarios de tradicional conflictividad social. Esta vez -con trabajadores del Estado, del magisterio y hasta sectores de la agroindustria- prevaleció la propuesta por encima de la protesta, sin negar que esta última es un derecho de los ciudadanos siempre y cuando sea sin violencia y donde prime el interés general sobre el particular.
Somos optimistas sobre el futuro. Sin ir muy lejos, este 2016 será un año más que feliz si llegamos al fin del conflicto con las Farc. Tan solo en materia de empleo y formalidad, la paz traerá nuevas miradas y posibilidades para el campo y las ciudades. En ese escenario seguiremos trabajando con el sector privado y -como mencioné- debemos exigirnos aún más, porque los retos no se convierten por sí solos en oportunidades.
