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En el caso del Ministerio Interior nos comprometimos a trabajar por los derechos de los ciudadanos, las regiones y la paz. De manera responsable afrontamos los retos de 2015 y esperamos el próximo año con la misma esperanza y optimismo de la inmensa mayoría de colombianos, que será el año que se producirá la noticia que anhelamos desde hace más de cinco décadas: que la guerra terminó en Colombia e iniciaremos una nueva etapa de paz y reconciliación en la historia del país.
En el año que termina, concentramos los esfuerzos en trabajar con departamentos y municipios, en fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia; abrir espacios de diálogo social permanente con las comunidades indígenas, afros y campesinas y liderar en el Congreso iniciativas que permitan la transformación institucional del país, que nos asegure avanzar en el camino de la paz territorial como resultado de un acuerdo de fin del conflicto en La Habana.
El balance de la agenda legislativa no pudo ser más positivo para el país. Con el apoyo de una sólida coalición de la Unidad Nacional y de otras colectividades logramos la aprobación de la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes, la más ambiciosa y completa desde la expedición de la carta del 91. Con este acto legislativo no solo se eliminó toda clase de reelección en Colombia, sino que además, se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura que gran daño causó a la justicia colombiana y se modificó la investigación y juzgamiento de los funcionarios aforados en Colombia, eliminando la ineficaz Comisión de Acusaciones de la Cámara. Además se expidieron una serie de leyes de alto impacto económico y social. En este último semestre, avanzamos en la discusión y aprobación del proyecto de ley de plebiscito especial para la paz, que facilitará el cumplimiento del compromiso presidencial de someter el contenido de los acuerdos de paz con las Farc al escrutinio y votación de los colombianos, quienes finalmente, con plenas garantías para amigos y contradictores del proceso, definirán si avalan o no el resultado de estos tres años de negociaciones.
También cumplimos la primera vuelta del acto legislativo para la paz, que busca crear un procedimiento legislativo especial al interior del mismo Congreso de la República, que nos permita cumplir e implementar rápidamente los acuerdos a los que se llegue en La Habana , con la mayor celeridad, eficacia y fidelidad a lo allí pactado. Igualmente, en esta reforma se otorgan facultades precisas y pro tempore al Presidente con el fin de que expida en los primeros 90 días, después del acuerdo, los decretos ley necesarios para aclimatar la paz en las zonas más afectadas por el conflicto.
Tendremos entonces antes de finalizar el primer semestre del 2016 dos instrumentos claves para asegurar el desarrollo de los acuerdos. Un procedimiento abreviado en el Congreso a través de una comisión especial para debatir y expedir actos legislativos, leyes estatutarias y orgánicas y unas facultades al jefe de estado para expedir solo decretos ley.
Ninguno de estos dos instrumentos podrá ser utilizado si antes los colombianos de manera democrática no refrendan los acuerdos y brindan esa legitimidad política necesaria a Congreso y Gobierno para implementar los acuerdos. De esta manera, terminará el 16 de diciembre este periodo legislativo con un balance contundente y ampliamente favorable, que demuestra además el gran respaldo que tiene en el Congreso el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos hacia la paz.
Somos conscientes de que la firma del acuerdo será solo el comienzo y no el final de la construcción de la paz en Colombia, que debemos hacerla desde las regiones y en trabajo conjunto con gobernadores y alcaldes del país.
Por eso, identificamos 281 municipios en 20 departamentos donde todavía hay alguna presencia de grupos armados ilegales, o se padece el problema de la minería ilegal o cultivos ilícitos.
Con esos mandatarios regionales trabajaremos para fortalecer institucionalmente los municipios y priorizar allí la inversión en materia de seguridad y convivencia.
Con nuestro programa ‘Vive Seguro Vive en Paz’, avanzamos en este propósito desde ya en todo el país. Invertimos más de $284.000 millones en 133 proyectos de seguridad y convivencia. La Policía Nacional tiene ahora mejores instrumentos y mas tecnología para atacar con eficiencia el hurto callejero, el microtráfico y la microextorsión en más de un centenar de ciudades.
En los últimos días, el presidente Santos entregó para Cali, Riohacha, Valledupar, Pasto y Cúcuta más de mil cámaras y los más modernos centros de monitoreo, que convertirán a esas ciudades en las primeras capitales del país con cobertura plena en video vigilancia. En 2016, con un presupuesto de $60.000 millones, seguiremos trabajando para que otras capitales se sumen a esta iniciativa. Nuestro propósito es tener más de 7.000 cámaras de seguridad en funcionamiento en todas las capitales para 2018.
