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¿Tiene el nuevo país el Congreso adecuado?

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 Se acaba de instalar un nuevo período legislativo del Congreso de la República, en un momento en el que la mayoría de los colombianos aspiramos a que se dé un cambio de rumbo en la historia del país, particularmente en materia del conflicto armado con las Farc. 

Si bien el Presidente ha tenido últimamente baja aceptación, lo sucedido en días anteriores en la Mesa de Negociación de La Habana, en temas como los cuatro meses de plazo para terminar dicho proceso, el cese unilateral de acciones terroristas de la guerrilla, la ratificación de la no impunidad para delitos atroces y de lesa humanidad, la planeación de atención a las zonas rurales donde el conflicto ha generado mayores heridas y que el Proceso de Paz está encontrando resonancia en tradicionales opositores en el Congreso, hacen que se reviva la credibilidad en el mismo. 

Y el papel del Congreso no es de poca monta; debe estar sincronizado con este nuevo país y debe legislar en temas estructurales como salud, justicia, financiamiento agrario, equidad social y prosperidad regional; y por supuesto en temas coyunturales del posconflicto. Las reformas legislativas y las nuevas leyes que se necesitan, tienen que estar alineadas, cuando comprometan recursos, con la capacidad de las finanzas públicas. 

Para la sincronización de las reformas enunciadas en el país actual y en el posconflicto, la actividad empresarial formal no aguanta más impuestos. Si se insiste en la actitud alcabalera, se terminará deprimiendo la inversión y afectando el crecimiento económico que ya se encuentra en desaceleración. Es decir, el Congreso tiene la responsabilidad de medir las consecuencias económicas y de financiación de su agenda legislativa.

Es el caso de la ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud, recientemente expedida, que requiere de su desarrollo para establecer con precisión el sistema de fondeo de la salud como un derecho fundamental y ahora universal. El país desconoce si está bien estimada la fuente de recursos para tan ambicioso y positivo propósito. En el entretanto, hay hospitales que están cerrando su operación, dejando a personas sin acceso a este derecho, por falta de liquidez y de oportunidad en el pago de los servicios prestados a los usuarios y porque no está debidamente registrada la correlación que debe existir entre la prestación del servicio y quién, cómo y cuándo lo paga. 

Los ciudadanos de a pie no entendemos dónde está la plata de la salud. Es difícil comprender por qué hay mora en los pagos a las IPS por parte del Fosyga. Se siguen presentando casos que por falta de atención, o falta de instalaciones, o falta de medicamentos, o alto costo de los mismos, hay ciudadanos que sufren consecuencias irreversibles en su salud.

El sistema exige la obligación de aportes a la seguridad social a los trabajadores independientes, lo que está generando recursos gigantescos que requieren de una gerencia pública impecable para su mejor aprovechamiento; el pago a los independientes, está generando a la actividad empresarial un sobrecosto en su contratación, lo que probablemente ha contribuido a la inflación, sin la certeza que con sus aportes se esté mejorando el acceso a la salud de los ciudadanos.

El Congreso está obligado a articular en su agenda no solo la operatividad de la aplicación de las leyes, sino también la fuente de recursos para su ejecución; por ello, tiene la oportunidad de demostrar en los próximos tres años que sí es el legislativo que requiere el nuevo país.
 

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