Si bien el mundo afronta una situación imprevisible, que tiene en jaque la salud y la economía, tenemos que actuar para que además de las medidas sanitarias, no se destruya nuestra economía y dentro de ella los ingresos de sectores sensibles y frágiles, como son los arriendos.

Han resultado ser entonces, la pandemia y las decisiones consecuentes que se vienen desarrollando día a día, por demás sensatas, hechos extraños a la cotidianidad de nuestras relaciones comerciales, obligándonos a actuar conforme las autoridades dispongan, para el manejo de la coyuntura en defensa de la salud social.

Así como el General Rojas Pinilla, en tiempos de dificultad económica, mediante el Decreto 1070 de 1956 intervino los arrendamientos ordenando la congelación de precios de los cánones para predios urbanos arrendados localizados en ciudades de más de 50.000 habitantes, el presidente Duque también le ha salido al paso a la situación generada por el Covid-19, con varias normas que tratan de paliar el escenario actual.

Colombia tiene 16,1 millones de viviendas, de las cuales 34% se encuentra en arriendo, 18% con otro tipo de tenencia, donde en algunos casos hay subarriendos y 48% restante son viviendas ocupadas por sus propietarios. Así, cerca de 18 millones de personas viven en arriendo. Según cifras oficiales, 90% de los inquilinos son de estratos 1, 2 y 3, y en contrapartida 82% de los arrendadores son también de estratos 1, 2 y 3. En nuestro país, mayoritariamente existe correlación de estrato socio económico entre el arrendador y el arrendatario.

El mercado de arriendos es entonces de doble fragilidad. Hay población vulnerable que no puede dejar de recibir la renta. La mitad de esta relación contractual es informal.

Por otra parte, hay inversionistas que adquieren un inmueble con deuda hipotecaria, teniendo como fuente de ingresos para el pago de la cuota, el alquiler de este; por ello es fundamental recibir el canon. Es bueno aclarar que las inmobiliarias no son propietarias de los inmuebles, sino profesionales que protegen la relación del contrato de arriendo, actúan como administradores y justo medio.

Un mercado de $36 billones al año, es clave para la estabilidad económica. En solo Bogotá, según cifras de Hacienda Distrital, las viviendas en arriendo generan cánones de $10 billones; 58% corresponde a hogares con ingresos inferiores a cuatro SMLMV, y 31% a hogares de menos de dos SMLMV. Este mercado tiene gran impacto social, por ello hay que protegerlo.

El Ministerio de Vivienda ha expedido normas coyunturales y, junto con Fedelonjas han informado la situación, han invitado, dentro del marco de la solidaridad, a que no se dejen de pagar los arriendos y para casos puntuales que se concilie entre arrendador y arrendatario, informándole a las aseguradoras cuando aplique. El Gobierno con decretos viene facilitando estos acuerdos. Desde la declaratoria de emergencia, es ilegal hacer desalojos, no se pueden subir cánones durante la emergencia y dos meses más, e incluso no se pueden cobrar penalidades.

En comercio y otros usos diferentes a vivienda, que representan 30% de los inmuebles en Colombia, si bien la invitación es la misma de pagar el canon y eventualmente llegar a acuerdos entre contratantes, es más viable hacer rebajas temporales y hasta tiempos muertos, pero protegiendo el contrato de arrendamiento.