A media marcha

Nos encontramos a prueba de la institucionalidad tras una semana de paro, protestas y afectaciones graves a la economía nacional y a la infraestructura de transporte público que es de todos los colombianos. La imagen del país y su capacidad de recibir inversiones podría afectarse. Es hora de apoyar la democracia y las instituciones, aceptando que el descontento tiene fuentes legítimas, sobre las que hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para comenzar, fue una frustración muy grande que el Gobierno, habiendo tenido tiempo para preparar una estrategia de seguridad urbana y de defensa de bienes públicos y privados en las principales ciudades, con el ejemplo de los desmanes e ilegalidades ocurridas en Ecuador y Chile, se hubiera dejado colocar en jaque por delincuentes encapuchados y jóvenes violentos. Esta turba esta alimentada de políticos que tratan de buscar en esta revuelta de insatisfacciones, lo que no fueron capaces de obtener en las elecciones democráticas. Que tristeza la falta de apoyo a las fuerzas militares y de policía.

Como bien lo señala este diario, para la capital, que es la ciudad más afectada, las pérdidas públicas por el vandalismo durante estos siete días superan los $40.000 millones; cada día de paro le cuesta $50.000 millones al comercio. La movilidad se ha visto afectada de manera grave. El sistema Transmilenio moviliza 4 millones de usuarios al día; de las 138 estaciones, 20 quedaron destruidas; además, 300 buses han sido afectados. Transmilenio es el corazón de la movilidad de Bogotá y de gran utilidad para la gente trabajadora, los estudiantes y la ciudadanía en general.

De otra parte, el paro nace con supuestos falsos o inexistentes, tales como reformas a las pensiones, reforma laboral, falta de presupuesto para la educación y otros tantos que no corresponden a la realidad y que el gobierno ha tratado de desvirtuar, pero algunos medios de comunicación y las propias redes sociales, les han dado más importancia a errores de la fuerza pública y al morbo de las marchas y protestas.

Esta turbulencia social y sus peticiones deben ser escuchadas y analizadas, pero en el contexto adecuado, en medio de una tregua, con la realidad económica del país y en las esferas institucionales pertinentes. Muchas de las reformas que requerimos se deben tramitar en el Congreso. Es un deber del gobierno consolidar su gobernabilidad. Estas negociaciones, de carácter político, deben dar resultados.

Hizo bien el presidente de la república, en la búsqueda de acuerdos que satisfagan las necesidades sociales, al convocar a los gobernadores y alcaldes recién elegidos, los que ciertamente representan el mandato del pueblo en relación con los próximos gobiernos regionales. Esto es un acto de democracia. Igualmente, puede reunirse con los promotores del paro, pero escuchando a la sociedad toda y sin perder la perspectiva democrática.

Es perentorio para las tres ramas del poder, respetar el derecho a la protesta, que no suponga prolongación en el tiempo y por sobre todo que, no afecte las libertades y otros derechos de los ciudadanos, tales como el derecho al trabajo y el derecho a la movilidad. El país no aguanta seguir a media marcha, como ha sucedido en esta semana de trastorno al orden público. Con fortaleza del gobierno debe repeler a los vándalos.