Un juez para nuestros comerciantes

Uno de los pilares para atraer inversión y consolidar un sistema económico sólido es la eficacia de la justicia para resolver las controversias entre comerciantes y las que surgen entre estos y los consumidores. También resulta esencial que las decisiones judiciales sean coherentes, previsibles y técnicamente sólidas.

En un país donde los procesos tardan años, incluso décadas, y la interpretación de las normas cambia de juez en juez, la seguridad jurídica se debilita y, con ella, la confianza necesaria para invertir, emprender y generar empleo.

En Colombia no es un secreto que el sistema judicial dejó de responder, desde hace décadas, a las necesidades de sus usuarios. Nuestra justicia cojea y, con frecuencia, no llega.

La mora, la congestión, la falta de especialización y los recursos insuficientes han llevado al legislador a ensayar fórmulas que evitan enfrentar el problema de fondo: fortalecer la Rama Judicial. Algunas de esas soluciones, además, han terminado por erosionar su independencia.

Un ejemplo es el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a distintas superintendencias. La medida pareció ofrecer, en sus inicios, una respuesta más rápida y especializada. Sin embargo, trasladar potestades judiciales a autoridades de la Rama Ejecutiva, cuyos máximos responsables dependen del presidente de la República, plantea preguntas institucionales que no pueden ignorarse. A ello se suma que la congestión de algunas de estas entidades ya es comparable con la de los despachos judiciales.

La Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades, así como los centros de conciliación y arbitraje en materia de insolvencia, forman parte de una lógica que ha fragmentado la jurisdicción mercantil. Esa dispersión puede ofrecer respuestas sectoriales, pero no reemplaza un sistema judicial especializado, independiente y accesible.

La justicia comercial no debería depender de una suma de excepciones ni de la capacidad del ciudadano para identificar, entre múltiples autoridades, cuál debe conocer su caso.

El arbitraje ha brindado una alternativa eficiente. Su rapidez, especialidad y flexibilidad lo convierten en un mecanismo valioso para resolver controversias empresariales complejas.

No obstante, sus costos lo hacen inaccesible para numerosos comerciantes, especialmente pequeños y medianos empresarios, y también para consumidores. Por ello, aunque debe preservarse y fortalecerse, no puede convertirse en el sustituto general de una justicia estatal que tiene la obligación de servir a todos.

Así como el país ha discutido la necesidad de una jurisdicción agraria, es momento de retomar con seriedad la creación de una jurisdicción mercantil. Colombia necesita jueces especializados en derecho comercial, societario, financiero, de competencia, de consumo e insolvencia, apoyados por herramientas tecnológicas, procedimientos ágiles y recursos adecuados.

La especialidad no es un privilegio corporativo: es una garantía para quienes producen, intercambian bienes y servicios, generan empleo o participan como consumidores en el mercado.

La propuesta exige, por supuesto, un diseño cuidadoso. Debe evitar nuevas burocracias, definir competencias claras y asegurar presencia territorial. También requiere formación continua, sistemas de información interoperables y mecanismos transparentes de selección y evaluación judicial. Sin estos componentes, la especialización podría convertirse en otro cambio nominal. Con ellos, en cambio, sería una verdadera política de competitividad y acceso a la justicia.

Una jurisdicción mercantil permitiría unificar criterios doctrinales, reducir tiempos, elevar la calidad de las decisiones y recuperar la confianza en las instituciones. También facilitaría que los conflictos económicos fueran resueltos por jueces independientes, formados para comprender la complejidad de los negocios contemporáneos y conscientes de que detrás de cada expediente hay empresas, empleos, patrimonios y proyectos de vida.

El verdadero reto no consiste en seguir trasladando funciones ni en crear nuevos atajos institucionales. Consiste en construir una justicia capaz de llegar a tiempo. Porque una sentencia tardía, contradictoria o inaccesible no solo perjudica a las partes: encarece el crédito, desalienta la inversión y debilita el mercado.

Nuestros comerciantes y consumidores no necesitan más ventanillas ni soluciones provisionales. Necesitan un juez natural, independiente, especializado y eficiente. Darles ese juez es una condición indispensable para que Colombia crezca con confianza, legalidad y equidad.