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Dijo en un trino el presidente de la JEP Eduardo Cifuentes que no era competencia del presidente Iván Duque instruir a ese tribunal sobre cómo sancionar a las Farc. Y hasta ahí tiene razón el magistrado. En Colombia rige la separación de poderes y el Jefe de Estado debe dejar que la justicia haga lo suyo. Pero buscando la supuesta intromisión encuentro que lo único que dijo Duque es que los responsables de lesa humanidad deben tener penas proporcionales y efectivas. Y eso ni es un secreto, ni es una intromisión, ni es una instrucción, es apenas lo mínimo que un ciudadano, no el Presidente, sino cualquiera puede pedir. Ese reclamo viene de las víctimas para abajo, pero El señor Cifuentes solo se da por aludido cuando lo dice el presidente. De resto ha parecido de oídos sordos. La JEP ha hecho méritos para que muchos nos angustiemos por los resultados de los procesos, habrá que recordar, por ejemplo, lo que pasó con Jesús Santrich.

Ahora llega la imputación a ocho exjefes de las Farc, o siete, porque uno, Bertulfo Álvarez, murió justo dos días antes de conocerse la decisión. Con las observaciones que voy a hacer, no quiero tampoco, ser aguafiestas frente a todos los que han celebrado la imputación, es muy importante, es la primera y se hace por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que no son cosa menor. Pero pongámosla en su verdadera dimensión y bajo un contexto más amplio. Desde hace tres años la Fiscalía ya había entregado un informe que recoge más de 6.000 secuestros cometidos por las Farc, un extenso documento en el que acusó, no solo al secretariado, sino a todo el Estado Mayor de esa exguerrilla, es decir, a 35 excomandantes.

Y ojo a esto porque ya había condenas en firme por secuestro: 20 contra Timochenko, seis contra Joaquín Gómez y una contra el hoy senador Pablo Catatumbo. Ahora ustedes decidirán si pasar de condenas, a imputación y de 35 acusados a ocho es un avance o un retroceso. Claro se da en el marco de una justicia transicional, es fruto de un proceso de paz, existe una posibilidad real de que se sepa la verdad de la voz de los victimarios, pero si gran parte de la tarea ya estaba hecha por la Fiscalía, ¿ tres años no es mucho tiempo? ¿Cuánto tendrá que pasar ahora para que haya una sanción?

Y acá se abre el otro boquete de dudas: ¿de qué tipo de sanciones estamos hablando? ¿Sembrar cacao, levantar monumentos, o en el mejor de los casos, construir carreteras o colegios? ¿Serán sanciones que les permitirán ser congresistas entre semana y labradores u obreros los fines de semana? Sería insólito y revictimizante. Pongámonos serios, todos saben que las Farc son responsables de secuestro, pero, además, aunque esos procesos estén más colgados, también lo son de reclutamiento, violencia sexual, masacres, siembra de minas, atentados terroristas, ataques a la infraestructura energética. No necesitamos una imputación tardía para conocer esa tozuda realidad que se nos ha enrostrado durante décadas. Lo que parece inaudito es que ellos mismos insistan en quedarse con las curules en el Senado aun sin ser sancionados y entregar lo mínimo en la cuota de justicia que se les impuso: verdad. La JEP debe avanzar rápidamente en las sanciones, porque las imputaciones apenas son un buen relato de lo que ya todos sabíamos cometieron las Farc y de lo que son culpables.