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Mas allá del glifosato

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La Corte Constitucional convocó para el próximo jueves una Audiencia Pública de seguimiento a la sentencia de 2017 que suspendió la aspersión con glifosato e impuso una serie de requisitos para su uso, como la certificación de que los químicos a utilizarse no son perjudiciales para la salud.

Agradezco la invitación que me hiciera la honorable Corte para participar en la audiencia que busca establecer el impacto de la sustancia en los derechos de las comunidades, sin embargo, tuve que abstenerme de participar toda vez que el enfoque de la misma no hace parte de mi experiencia, ni de mi conocimiento.

No obstante, es un asunto de vital importancia que merece una discusión más amplia, que vaya más allá de establecer si el glifosato es perjudicial para la salud, y analizar de manera crítica y profunda las implicaciones en el desarrollo económico y social, los problemas que genera a la seguridad nacional, al crecimiento económico y a las relaciones con EE.UU., al punto que Colombia ha sido “descertificada” por ese país en tres ocasiones, la última de ellas en 1998.

Esta descertificación tuvo un fuerte impacto en la economía colombiana y afectó la cooperación binacional en todas sus vertientes. Una situación similar en estos momentos sería desastrosa, por lo que es inaplazable encontrar soluciones viables que preserven la salud y el medio ambiente y a la vez sean efectivas en la erradicación del flagelo.

El sensible equilibrio sobre la urgencia de erradicar, preservar la salud de las comunidades y garantizar la estabilidad de los ecosistemas exige un esfuerzo nacional en la búsqueda de propuestas, como las planteadas el año pasado por el fiscal general “para desempantanar la discusión”. Propuso quitar la energía eléctrica y las casas de giros en las zonas en las que hay laboratorios y estructuras de producción, reforzar los controles a los precursores químicos e, incluso, habló del uso de moléculas para fumigar las matas y reducir su productividad.

Al margen de si son propuestas viables, lo importante es traer nuevas ideas al debate, buscar soluciones efectivas y no quedarnos dando vueltas en un mismo sitio. Necesitamos superar esa instancia y pasar a otras prioridades nacionales, como el desarrollo económico y social de las regiones más afectadas por el conflicto armado, que, a la vez, son las más vulnerables a la ilegalidad.

Ampliar la discusión y no dejarla solamente en el tema de la salud que, si bien es prioritario e indispensable salvaguardarla, por otro lado, al continuar con los cultivos ilícitos también se acaba con la vida de muchos compatriotas, expuestos al crimen organizado, a la marginalidad, al subdesarrollo y a la pobreza.

Se calcula que la resiembra está en 35 % y que hay más de 170.000 hectáreas con matas de coca en Colombia. Según el último informe (2017) del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, la producción de cocaína llegó a la cifra histórica de 1.379 toneladas.

El debate lleva más de 30 años sobre la mesa y seguimos sin ponernos de acuerdo de cuál es el mecanismo adecuado para erradicar los cultivos de coca. Como resultado de la prolongación de esa discusión bizantina, en la que se mantienen posiciones irreconciliables que nunca lograrán un punto de convergencia, estamos perdiendo una batalla obligada y viendo crecer los cultivos ilegales y la influencia de la delincuencia.

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