Si el affaire Uribe en la Corte Suprema de Justicia fuera una tragedia griega estaríamos finalizando el primer acto, después de lo que los dramaturgos llaman la exposición narrativa, donde los personajes se preparan para afrontar el nudo de la trama.

¿Será que la Corte ordena la detención del expresidente?, ¿será que le archivan el proceso?, ¿continuará la investigación?, ¿lo condenarán?, ¿se convertirá en mártir?, ¿tendremos justicia?, ¿sobrevivirá la Corte una decisión equivocada?

Para los espectadores el climax será emocionante; Uribe ha marcado la vida política del país durante los últimos 20 años, negándose a ocupar el lugar de los muebles viejos (que estorban, según el conocido aforismo de López Michelsen) e insistiendo que la suya es la última palabra sobre los destinos nacionales.

Esto ha sido malo para él porque lo ha mantenido en el barro de la contienda política cotidiana, enlodando su importante legado histórico. No nos digamos mentiras: en 2002 Uribe recibió un Estado fallido y en 2010 entrego uno viable, aunque dista de ser el “mejor presidente de la historia”, como repiten sus acólitos (en el ranking de Semana sobre expresidentes publicado en 2010, la revista lo clasificó en el lugar número 20).

De todas formas, la detención de un popular expresidente por un hecho confuso -el supuesto soborno de un testigo por parte de un abogado- tendría un impacto político monumental. Entre otras, porque se trata de una detención preventiva que resulta injustificada: no se dan presupuestos legales para la medida. Uribe no se va a fugar (ya lo hubiera hecho), no va a manipular el proceso (la Corte no se dejaría) y no reviste peligrosidad (ciertamente no en los términos que determina la ley penal).

Por esta razón la medida de aseguramiento -de dictarse- se le devolvería a la Corte como un bumerán. La institución se ha desprestigiado durante la última década (¿se acuerdan del cartel de la toga?) y el fracaso consecutivo de todas las reformas a la justicia la hacen vulnerable a una reacción política de grueso calibre. Esto lo confirma la histeria desmedida por parte de los enemigos de Uribe al comunicado público del Centro Democrático, -que hace lo que cualquier partido haría en defensa de su jefe-, donde asume que la misiva es una intromisión injustificada en la justicia y no la manifestación de la libertad de expresión.

En este tema parece que la Corte quiere ganar con cara y con cruz. Quiere hacer justicia sometiendo al político más poderoso del país y quiere, de paso, recibir aplausos de la galería por hacerlo. Eso no será posible. Si la Corte toma la decisión de enviar a Uribe a la cárcel se leerá como lo que es: una decisión arbitraria y política. La medida de aseguramiento es improcedente. Si la sala de instrucción de la Corte tiene pruebas de que el exmandatario violó la ley debe continuar con el proceso penal dándole todas las garantías para su defensa en libertad y condenarlo si fuera el caso. Pero para eso todavía faltan muchos actos de esta tragedia.