Transparencia con modernización

Durante décadas los colombianos nos hemos preguntado qué hacer para que la contratación estatal no quede en manos de unos pocos, o de los mismos de siempre. Hemos desarrollado intrincados “algoritmos” en búsqueda de una solución que nos sirva para remediar uno de los grandes males que aquejan al país: “la corrupción”. Desafortunadamente, a pesar de tantos esfuerzos, lo cierto es que el camino continúa plagado de obstáculos.

Eso no quiere decir que hayamos desistido. Por el contrario, estamos en la búsqueda permanente de soluciones. Entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías), por ejemplo, se puso manos a la obra para despejar el sendero que debemos transitar para evitar que unos pocos se queden con el presupuesto de las obras.

Desde la expedición de la Ley 1882 de 2018, que modificó las normas de contratación pública en el país y la ley de infraestructura, y antes de la entrada en vigencia del Decreto 342 de 2019 el pasado primero de abril, el Invías ya había iniciado la aplicación de los Pliegos Tipo en sus procesos. Con esto, buscaba asegurar la estandarización de documentos, criterios habilitantes, factores técnicos y económicos para la contratación pública.

Con estas normas el Gobierno Nacional busca, entre otras cosas, proteger los recursos públicos, garantizar una competencia sana y asegurar mejores precios de compra para el Estado. Además, promueve mejores prácticas entre las empresas oferentes, pues refuerza criterios de selección objetiva, pluralidad en la participación y elimina la posibilidad de manipular los requisitos de selección para acomodarlos a ciertos proponentes.

La importancia de los Pliegos Tipo está en la creación de formatos unificados en materia de experiencia, indicadores financieros y organizacionales, entre otras variables, que impiden la construcción de los llamados “pliegos sastre”, es decir, hechos a la medida.

Una de las grandes preocupaciones al momento de concebir los Pliegos Tipo era cómo combatir los problemas de manipulación de la contratación en regiones, pues en estos lugares era común que se presentaran quejas en los procesos de adjudicación de obras. Ahora, gracias a la expedición de la Ley 1882 de 2018 y del Decreto 342 de 2019, las entidades departamentales y municipales, así como las Entidades del orden nacional que abran licitaciones de obras públicas de infraestructura de transporte, están en la obligación de aplicar este tipo de pliegos.

No cabe duda de que contar con una herramienta efectiva para combatir la corrupción trae beneficios evidentes, hay personas que han mostrado ciertos reparos, insinuando que con esto se vulnera la autonomía regional. Esto no es más que un sofisma de distracción, pues los documentos estandarizados para la contratación no interfieren en los Planes de Desarrollo territoriales ni en las priorizaciones de gasto público. Y, mucho menos, en las decisiones administrativas sobre los asuntos de gobierno. De hecho, la Cámara Colombiana de Infraestructura ha dicho que la autonomía regional no se ve quebrantada porque las condiciones que se estandarizan son procedimientos para contratar, no las necesidades de inversión y priorización de proyectos.

El Invías, promotor de la implementación de este instrumento que beneficia a empresas de ingeniería, arquitectura y diseño, así como a compañías de consultoría e interventoría de obras, considera que esta ha sido una cruzada importante para recuperar la confianza en los procesos de contratación que abre el Estado. Por eso, en los últimos tiempos, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte y el Instituto promovimos y lideramos la suscripción del Pacto Cero Tolerancia con la Corrupción y Lucha por la Transparencia.

En él, convocamos a 18 proponentes de los cuatro procesos de selección para la culminación del Proyecto Cruce de la Cordillera Central a comprometerse con la generación de buenas prácticas en la contratación. Los resultados no pudieron ser mejores. La suscripción de este pacto ha sido un indicativo de que las empresas firmantes están comprometidas en combatir las malas prácticas en la contratación, que tanto perjudican al país. Es una muestra, además, del compromiso del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez por construir una nación en la que se garantice la aplicación de la Ley.

Los recientes resultados del Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura también dan fe de que la situación está cambiando. Allí ubican al Invías en el primer lugar entre las entidades estatales con las mejores prácticas de contratación, lo que se traduce en una mayor participación de oferentes en los procesos de licitaciones públicas para obras, interventorías y diseños.

Es claro que la norma de nada sirve si no está articulada con el grupo humano y técnico que estructura los procesos de selección y la documentación para la aplicación de los pliegos tipo. Sin embargo, los colombianos pueden estar tranquilos pues también estamos trabajando en este frente. Para lograrlo, estandarizaremos los precios y las especificaciones técnicas, para que no existan modificaciones en los contratos.

También homogeneizaremos los pliegos tipo para obra e interventoría, con base en estudios de mercado que hemos iniciado, y estandarizaremos y regularemos las certificaciones expedidas desde el Invías en un sistema abierto al público. Finalmente, llevaremos a cabo el proceso de contratación de manera virtual. A través de estas acciones buscamos la transparencia a través de la modernización.

Nuestro compromiso es firme. Seguimos aportando nuestros conocimientos desde el sector de infraestructura para la construcción de un Estado confiable, con óptimas prácticas de contratación, y procesos transparentes, porque tenemos la convicción de que los recursos de los colombianos NO son un juego de niños.