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Analistas 15/12/2020

Desigualdad, conflictos y retos

José Hilario López Agudelo
Ingeniero geólogo

La gran concentración del ingreso en los estratos altos de la población constituye el peor problema de Colombia y, en general, de América Latina y el Caribe. La desigualdad de ingresos y la consecuente concentración de la riqueza en unos pocos afecta negativamente la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, e incluso puede llegar a destruir el sistema democrático.

El mayor problema social que hoy enfrenta el país es la alta vulnerabilidad de los estratos populares y aún de la clase media, ante las amenazas relacionadas con las recurrentes crisis económicas, las pandemias y los eventos catastróficos asociados con el Cambio Climático, mejor llamado Cambio Global.

Hasta ahora todo el esfuerzo de los distintos gobiernos nacionales se ha orientado hacia la reducción en los índices de pobreza, ignorando los altos niveles de concentración del ingreso y, menos aún, la concentración de la riqueza en pocas manos, así como las grandes brechas que persisten entre las áreas rurales y urbanas y entre regiones.

La actual pandemia del covid-19 ha agudizado la situación de pobreza de los sectores bajos y medio-bajos de la población, obligados a sobrevivir de la informalidad laboral, lo que favorece la expansión del virus a la que se suma un menor consumo de bienes y servicios básicos, así como la agudización del conflicto social y una latente amenaza populista al sistema democrático.

La concentración de la propiedad de la tierra en unos pocos propietarios es la causa originaria de la desigualdad social, cuyas raíces se remontan a la colonización española y a la marcada discriminación de las poblaciones indoamericanas y afrodescendientes. La lucha por la tierra por parte de los campesinos fue la causa del conflicto social durante todo el Siglo XX, ahora agudizado con los cultivos ilícitos.

En Europa los impuestos y transferencias reducen el Gini, el indicador más utilizado para medir la desigualdad social, entre 17 y 19 puntos porcentuales, mientras que en Latinoamérica sólo lo logran en dos o tres puntos. En Colombia después de impuestos el Gini prácticamente permanece constante.

Los ingresos gubernamentales por impuestos en los países de la Ocde ascienden hasta 42% del PIB. En América Latina, en el periodo comprendido entre 1990 y 2006, estos mismos ingresos representaron un promedio de 23% del PIB y en Colombia solo 16%. Hoy el Gobierno Nacional solo capta vía impuestos 14% del PIB.

Los grandes desafíos

A corto y mediano plazos, nuestro país requiere una gran transformación social, económica y política que le permita preservar el sistema democrático, que en nuestro concepto es la única garantía de una paz estable y duradera, fundamental para enfrentar los desafíos del Cambio Global, de la transformación económica y social y de la superación de los estragos de la actual pandemia.

Nuestra clase dirigente parece no darse cuenta de que estamos sentados en un polvorín que puede estallar en cualquier momento y generar situaciones inmanejables por las vías democráticas.

Entre las reformas urgentes y prioritarias que requiere nuestro país, se consideran las siguientes:

• Implementar una reforma rural integral, mediante la cual se reduzca de manera radical la pobreza y la desigualdad en el campo, ahora agravada con la caída de la demanda de la producción agrícola por causa de la pandemia del covid-19

• Un plan acelerado de construcción de vías terciarias para facilitar la llegada de la producción agrícola a los mercados locales

• Crear canales de comercialización de la producción para los pequeños productores campesinos, sin tener que pasar por la cadena de intermediarios
• Poner en marcha programas intensivos de generación de empleo, mediante:

1) Planes de recuperación de las cuencas hidrográfica más deteriorados por la erosión acelerada de los suelos y 2) Planes masivos de reforestación, en especial en las regiones más afectadas por la expansión del hato ganadero, las plantaciones de palma africana, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

• Acceso de los estratos bajos y medio-bajos a una educación de calidad

• Mejorar el sistema de salud para la población más vulnerable

• Mejorar la productividad laboral

• Mejorar la gestión del gasto público en los entes regionales

• Reforma laboral para reducir informalidad en el empleo, pero sin aceptar que reduciendo salarios se reactiva la economía. Prepuestas como reducir en un 80% el salario mínimo reducirían aún más la demanda de bienes y servicios
• Garantizar una renta básica para los estratos 1 y 2, por lo menos equivalente a un salario mínimo mensual

• Reforma fiscal con tasas impositivas progresivas: quien tiene más ingresos paga más

• Reforma al régimen pensional, con base en tres componentes, tal como propone el economista Eduardo Lora, a saber “marchitamiento” del régimen de prima media y consecuente eliminación de los onerosos subsidios fiscales a las pensiones altas, afiliación voluntaria a un fondo privado de pensiones y pensión básica universal para los estratos más pobres de la población