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A dos años de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Air-e, el balance es inequívoco: el remedio resultó peor que la enfermedad. Lejos de sanear sus finanzas o corregir sus fallas operativas y de recaudo, la crisis de la comercializadora se profundizó. Este deterioro no solo amenaza la calidad y continuidad del servicio de energía, sino que pone en jaque la estabilidad del mercado eléctrico en toda la región Caribe.
En lugar de ser la salvación, la intervención de Air-e se convirtió en un desastre, con un carrusel de seis agentes especiales y una cadena de desaciertos. Entre dudas de transparencia contractual y una notable falta de dirección, destaca el papel del exsuperintendente Yanod Márquez Aldana, quien prefirió la inacción antes que apalancar a la empresa con el Fondo Empresarial en el peor momento de la crisis. Esas omisiones no solo impidieron mitigar el riesgo en el servicio, sino que agravaron el colapso financiero de la entidad.
Las cifras entregadas por la Contraloría General de la República demuestran el escalamiento de la crisis en el corto tiempo: de las obligaciones por $530.000 millones en 2024, antes de la intervención, se pasó a un hueco negro de $6,062 billones, donde $3,3 billones corresponden a deudas con las generadoras. Este boquete no solo afecta a la empresa, sino que es una pesada bola de nieve que amenaza con producir una reacción en cadena sobre la liquidez del sector y la capacidad del sistema para operar con normalidad. En pocas palabras, el país se encuentra expuesto a un apagón que, por lo bajo, le podría costar dos puntos del PIB, la quiebra masiva de negocios y la destrucción de miles de empleos.
El panorama se torna más alarmante con la amenaza de un fenómeno de El Niño intenso, que ya se empieza a sentir. El previsible aumento en la demanda y en los costos de generación tensionará aún más la frágil capacidad de respuesta de Air-e. Queda claro que la intervención no ha funcionado y que urge redefinir la estrategia con medidas transparentes y sostenibles que garanticen la viabilidad del servicio sin golpear el bolsillo de los usuarios de la Costa Caribe.
El reciente anuncio del gobierno sobre la destinación de $1,5 billones para atender el pago a las generadoras en el país es apenas un paño de agua tibia ante el tamaño de la deuda. La coyuntura exige decisiones de fondo; el Ejecutivo debe destapar de una vez las cartas, trazar la hoja de ruta para Air-e y viabilizarla financiera y operativamente. Solo así se evitará que el Caribe siga encadenado a la misma historia de siempre de promesas incumplidas, deudas desbordadas y un servicio deficiente.
Seguir administrando el colapso día a día es una irresponsabilidad. La región necesita una salida estructural, respaldada por recursos reales, responsabilidades sin rodeos y resultados medibles que le garanticen un servicio digno, confiable y sostenible para los ciudadanos del Caribe. Sin energía no hay desarrollo, y sin decisiones contundentes no habrá energía.
La salida no es necesariamente más deuda. En diciembre de 2025 Kenia aprobó un Fondo Nacional de Infraestructura para financiar proyectos ancla con recursos públicos, capital privado y banca de desarrollo, reduciendo su dependencia de deuda e impuestos; India e Indonesia construyeron vehículos similares
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