Analistas

Un cartel y los pediatras

En un reciente fallo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) evidencia que la regional Santander de la Sociedad Colombiana de Pediatría, activó un manual tarifario en 2007 donde "adoptó un reglamento en el que se establecieron los lineamientos y tarifas mínimas" para toda  negociación con clínicas, hospitales y EPS. El manual advierte expresamente: "Ningún pediatra deberá contratar, a partir de la aprobación de este reglamento, con cualquier institución a menores tarifas de las aquí establecidas".

La SIC considera que con este manual, los pediatras configuraron una práctica restrictiva a la competencia generando un efecto de "cartel" y disminuyendo el nivel de servicio con una tarifa elevada comparativamente a las de otros especialistas, especialmente en la red pública de salud. En otras regiones del país hay prácticas similares sin necesidad de estar escritas explícitamente en un manual. Como resultado hay pocos pediatras trabajando en la red pública, ya que se concentran en ciudades grandes y queda desatendida la población rural.
 

En un estudio realizado por el Ministerio de Salud, Fedesarrollo y la Universidad Javeriana titulado "Recursos humanos de la salud en Colombia" se concluye que las instituciones privadas retribuyen mejor a especialistas en Ginecología, Medicina Interna y Ortopedia, mientras que las públicas lo hacen con cirujanos y pediatras. Las decisiones en materia de salud en el mercado han resultado en asimetrías derivadas de oferta y demanda.
 

Un pediatra recién graduado termina estudios después de 11 años, incluyendo rural y especialización. El caso extremo, la Universidad de los Andes, tiene un costo semestral en pregrado de Medicina de $15,9 millones. Únicamente con el pregrado, la inversión difícilmente se verá recuperada cuando entre a competir en el mercado laboral por tarifas de $18.000 por hora, que a veces se logran cobrar a medias a las clínicas.

Pediatras consultados indican que la red pública demora los pagos e inclusive algunos administradores solicitan la famosa "mordida" a la hora de desembolsar. Según ellos, la decisión es absolutamente económica, y el especialista se ve estimulado a buscar sus ingresos en consultorios privados o la academia.
 

Los pediatras defienden su situación evidenciando el problema por el lado de la red y el cierre de camas. En la Sociedad de Pediatría de Antioquia explican que desde 2009, la Clínica Medellín decidió por efectos de "mercado", cerrar las 7 camas de cuidado intensivo pediátrico y las 10 camas de hospitalización que existían en la sede centro y que venían funcionando. La Clínica Antioquia clausuró 12 camas y su servicio de urgencias y hospitalización pediátricas, por "falta de fluidez económica e incumplimiento en los pagos de aseguradoras".

A nivel nacional existen cientos de ejemplos  similares  donde se evidencia una clara razón económica para tomar decisiones de cierre de camas y servicios, o ausencia de pediatra, llegando en ocasiones a un cinismo administrativo tal, que concluyen en sus escritos que la prestación de otros servicios es más "rentable" que la atención pediátrica.

En el caso de Bogotá, el 27 de diciembre de 2011 la Secretaria de Salud publicó la Resolución 1636 donde se materializa una alianza entre el Distrito, las 22 empresas sociales y la Universidad Nacional, en lo que denominan "Alianza de entendimiento" con la Asociación de Clínicas y Hospitales. La resolución incluye políticas de prevención y entre otras disposiciones, declara como bien de interés superior Ia atención integral en salud de los niños. En teoría, la Secretaría se reserva el derecho de autorizar cierres, cuando exista riesgo de "afectar la continuidad, oportunidad, integralidad y calidad" del servicio.

La Resolución intenta modificar la realidad y faltarían decisiones similares en otras regiones del país que endurezcan el control y vigilancia. Falta ver si lo que promete la resolución se cumplirá o si se queda en "pajaritos en el aire".
Ñapa: La Contraloría de Bogotá evidenció que la fecha del 9 de julio como entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte (Sitp), existe únicamente en la imaginación del alcalde Petro ya que no hay aún paraderos ni sistema de cobranza ni publicidad informativa para usuarios.