Gasto público: ¿derroche o rigidez?

Mucho se habla del gasto público, pero poco se explica su composición, evolución y magnitud. El gasto público refleja la asignación de recursos para proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, PND, y el pago de deuda. Dado que los recursos siempre son limitados, el enfoque del gasto en un plan de desarrollo que prioriza la seguridad y los beneficios privados será muy distinto a otro que busque la reivindicación de derechos y la inversión social.

La norma vigente clasifica el gasto así: funcionamiento, inversión y deuda. La suma constituye el gasto total, el cual hace parte del proyecto de presupuesto que el gobierno presenta al Congreso para su aprobación y posterior promulgación de la respectiva ley. El año pasado el proyecto de presupuesto 2025 no fue aprobado, lo cual condujo a su correspondiente determinación por decreto, tal como lo señala la normatividad. La razón de la oposición para negar su aprobación fue el desfinanciamiento, pues los ingresos sumaban $511 billones y los gastos ascendían a $523 billones; en consecuencia, “sugirieron” que el ajuste debía ser menor gasto de funcionamiento.

Importante decir que el desfinanciamiento ($12 billones) era saldado con el recaudo que se propuso en el proyecto de ley de financiamiento que se radicó junto al presupuesto, tal como obliga la norma; pero tampoco fue discutido. Dicho proyecto rebajaba el impuesto de renta a la micro y pequeña empresa para que estuviesen en mejor condición de enfrentar la competencia desigual que sufren, se eximía de IVA a hoteles en la mayoría de municipios para impulsar su economía y se gravaba con IVA los juegos de azar en línea, por donde se mueven billones de pesos sin tributar. Este era quizá el recaudo más importante y sobre el cual puso mayor obstáculo la oposición.

El rechazo de ambos proyectos obligó a aplazar $12 billones en el presupuesto 2025, dejando la idea de que había espacio para recortar gasto de funcionamiento e hizo pensar que funcionamiento es exclusivamente nómina. Grave error, porque las transferencias de la Nación a los territorios, que se realizan a través del Sistema General de Participación, SGP, para salud, educación, agua potable y saneamiento básico; sumadas a las transferencias de pensiones, aseguramiento en salud y otras, están incluidas dentro del gasto de funcionamiento y representan 75% este año.

Las transferencias vía SGP son mandato constitucional (art. 356 y 357) y su cálculo depende de una fórmula establecida, la cual ha obligado a transferir más recursos los últimos años, explicando el aumento del gasto de funcionamiento, luego no es derroche, sino rigidez constitucional. Para recortar funcionamiento sólo queda el gasto de personal, donde obviamente es seductor pensar en ello, pero prácticamente no es fácil, pues el grueso es defensa y rama judicial; además, su recorte pondría en aprietos la operación de muchas entidades públicas.

Evidentemente la reducción del gasto de funcionamiento es improcedente y el espacio es muy pequeño. Así las cosas, sólo quedaría el gasto de inversión, ya que la deuda es otra inflexibilidad, pues todavía se paga la pandemia: US$5.700 millones del crédito flexible del FMI -no fue la única-. En lo público, primero se debe garantizar la deuda, el funcionamiento y después la inversión; por ejemplo, mientras este año el funcionamiento creció 6% y la inversión se redujo en 17%, la deuda (herencia) creció en 19%.

No hay que hacer mucho esfuerzo para percatarse de que el obstáculo legislativo es para presionar el recorte de la inversión (social), que es un compromiso del gobierno. Por esta vía buscan lesionar su imagen y las metas del PND, aunque sin discutir temas como: la alta inflexibilidad del gasto público (92% inflexible), la manera como los recursos públicos financian actividades privadas y la necesidad de avanzar hacia una tributación más justa. Sin dar estos debates, lo más fácil es hablar de derroche, cuando el tema es la rigidez.