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La embarrada ya está hecha

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Harry Giovanny González García Representante a la Cámara

En la plenaria virtual de la Cámara de Representantes se dio un importante debate de control político, liderado por miembros de la bancada del Partido Liberal; al que fueron citados Margarita Cabello, ministra de Justicia, el general Norberto Mujica, director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), la directora de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), entre otros.

El problema del sistema carcelario no es de este gobierno, desde hace años se evidencia en fallos judiciales el estado de cosas inconstitucional en las cárceles de nuestro país, sin embargo, llama mucho la atención que en lo que va del Gobierno llevamos tres directores de la Uspec, la entidad de mayor relevancia para plantear soluciones a este problema.

En octubre de 2018, se posesionó Matilde Mendieta Galindo, en septiembre de 2019 ya estaba Ricardo Varela de la Rosa y, al debate de control político, asistió Lissette Cervantes Martelo, quien a la fecha obra como encargada de esta entidad. Con tanta interinidad es muy difícil construir política pública y solucionar problemas.

El Inpec y la Uspec estaban advertidos del riesgo que generaba el covid-19 para las cárceles, por los extraordinarios niveles de hacinamiento (49%). El 6 de marzo se presentó el primer caso de covid-19 en Colombia, y el Inpec el 12 de marzo tomó una medida acertada, el director de custodia y vigilancia suspendió los traslados de privados de la libertad y lo comunicó a los directores de establecimientos de reclusión del orden nacional.

El 21 de marzo ocurrieron motines en varias cárceles de Colombia con un lamentable saldo en víctimas, días después con la justificación de evitar más motines, el Inpec autorizó el traslado de 12 internos desde la cárcel de Villavicencio hacia cárceles en Florencia, Guaduas, Yopal, Ibagué y Bogotá.

En la cárcel Heliconias en Caquetá, el privado de la libertad trasladado de Villavicencio llegó el 1 de abril, el 16 de abril se le tomó la muestra, y solo hasta el 19 de abril se evidenció que era un caso positivo para covid-19; la tabla de casos por departamentos del INS evidencia que el segundo caso en Caquetá tuvo síntomas desde el 31 de marzo cuando aún estaba en Villavicencio.

El representante Alejandro Vega del Meta denunció en el debate, que, pese a que el 10 de abril se enteraron del primer contagio en la cárcel de Villavicencio, y que entre el 16 y el 24 de abril se estableció que había 85 casos positivos para covid-19, solo hasta el 24 de abril fueron autorizadas las pruebas masivas en esta cárcel.

Al parecer la Uspec ha desconocido los lineamientos del Ministerio de Salud para control, prevención y manejo de casos por covid-19 para la población privada de la libertad, y el instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda asociada al nuevo covid-19 del INS sobre las acciones colectivas en casos confirmados de infección.

La embarrada ya está hecha, en el Meta 88,54% (657) de los casos positivos son de la cárcel de Villavicencio, en Caquetá 60% (9) de los casos covid-19 son asociados a la cárcel Heliconias. En cárceles de Ibagué, Guaduas y Bogotá los casos van en aumento. Aún hay tiempo para enmendar.

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