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Las complejas circunstancias que enfrenta el país exigen múltiples reformas para lograr crecimiento sostenido a tasas importantes, reducir la desigualdad y hacer más eficaz el gasto público. Los propósitos exigen cambiar el esquema fiscal para suprimir privilegios y desvincular la seguridad social de la remuneración. Cabe repasar los antecedentes del marco tributario.
El mejor punto de partida es el Decreto 2053 de 1974, elaborado por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Botero y su equipo; la norma contenía un marco de referencia claro y efectivo. Desde entonces ha habido muchas reformas tributarias, doce en los últimos veinte años. Algunas tuvieron resultados contrarios a los propósitos formulados, y varias se calificaron como la última para muchos años. Las personas naturales de muy altos ingresos cuentan con los servicios de contadores y abogados especialistas en poner en práctica esquemas eficientes para aprovechar paraísos fiscales.
Además, el deterioro paulatino de la gestión de la Dian es preocupante. Para completar, el país no ha penalizado la evasión. Así las cosas, un número pequeño de contribuyentes aporta casi todo el esfuerzo impositivo. Las ideas para ampliar la base del IVA no se acompañan con reducción en la tarifa básica y compromisos firmes de mejora en la calidad del gasto para evitar efectos regresivos en la distribución del ingreso. Por el contrario, el coeficiente de Gini para medir la desigualdad en 2018 fue igual antes y después de impuestos y subsidios, y en 2019 la diferencia fue solo de 2 puntos porcentuales, frente a 20 puntos en la Unión Europea; esto es evidencia de catástrofe administrativa.
De otra parte, la apertura económica de 1990, orientada a asignar recursos con más eficiencia y focalizar los esfuerzos en sectores con ventajas comparativas relativas, se disipó por la revaluación de la primera mitad de los noventa, el fortalecimiento del peso a partir de finales de la primera década del siglo en curso por el aumento en la exportación de petróleo y carbón, y los beneficios derivados de normas preferenciales; muchos sectores de la economía desde entonces han logrado protección selectiva.
La vinculación de la seguridad social de manera masiva al trabajo formal fue importante pasó en la dirección correcta hace casi medio siglo, en un contexto diferente: el país estaba en proceso de transformación rápida, de sociedad rural a urbana, había protección a la producción nacional y bajo desempleo.
El país era mucho menos letrado, y las comunicaciones precarias. Hoy el planeta se han integrado, el acceso a servicios de salud es derecho básico de cobertura universal, las pensiones deben financiarse con aportes individuales durante la vida productiva sin subsidio público excepto para quienes alcanzan edad avanzada sin medio de subsistencia, y los riesgos laborales están reglamentados. La informalidad es muy alta en toda Latinoamérica como consecuencia de la inflexibilidad, y Colombia no es excepción.
Las reformas no pueden limitarse a los ámbitos fiscal y laboral: deben cimentarse en el impulso a la conciencia ciudadana sobre posibilidades eficaces y conductas apropiadas, la legitimación de propiedad privada mediante regulación efectiva, y un Estado articulado con lógica entre las ciudades región, donde se identifican ventajas comparativas relativas, y el gobierno central. El reto de reformas necesarias es inmenso.
