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Colombia, el país de los escándalos de una semana, donde el negocio paralelo de Odebrecht se olvidó por cuenta de uno de los perversos problemas que han dado la estocada final a una moribunda justicia, está hoy más cerca de un estado fallido que del anhelado desarrollo.
Los problemas de la justicia tienen varios orígenes. A lo largo de la historia no se ha entendido que la justicia hace la diferencia entre un estado primitivo y un estado democrático. En esa medida, el rubro en el Presupuesto General de la Nación, aunque parezca un número global grande, es insignificante ante las necesidades existentes y los retos de la evolución de una sociedad que está pidiendo la solución de conflictos soberanos, mientras que la respuesta gubernamental ha sido darle la espalda.
No en vano nos hemos acostumbrado a vivir cada año con un cese de actividades de los funcionarios de la rama judicial que, en algunos casos, hacen reclamos necesarios para tener una administración de justicia eficiente. Quienes vivimos inmersos en tribunales y juzgados entendemos los requerimientos, pero parece que nuestros ministros de Justicia tradicionalmente se han sentado a calentar el puesto, porque las soluciones han sido apagar incendios en vez de evitar que se generen.
Al tradicional olvido estatal se suma el problema de algunos operadores de justicia. Es claro que son mayoría los funcionarios honestos, trabajadores que entregan alma, corazón y vida a la función pública, pero existen unos pocos que están marcando con la infamia al país aprovechando sus calidades de magistrados. En mi profesión, ser magistrado (por lo menos para mí) es el mayor honor que existe en la administración de justicia; es la distinción más alta que un jurista puede tener, la cual lleva consigo enormes responsabilidades, responsabilidades que no se han compadecido con el comportamiento de algunos abogados que siguen acabando con la institucionalidad de un país. Lo que pasa hoy con los exmagistrados Ricaurte, Bustos y Tarquino es tan solo la punta del iceberg que tenemos la oportunidad de ver por la carambola de una movida del corrupto exgobernador Lyons.
La corrupción de la justicia es como aquel que engaña a sus fieles en nombre de Dios: si quien resuelve los conflictos está manchado por causa de funcionarios corruptos, para quienes la institucionalidad se convirtió no en un privilegio y reconocimiento al trabajo de un profesional, sino el camino a la riqueza negociando la administración de justicia de acuerdo a los intereses económicos de estos perversos personajes, acomodando decisiones y ocultando la verdad de los procesos en trincheras de caletas de dinero, se acaba la fe de los ciudadanos en la justicia y crea un desánimo de cara al futuro.
Un magistrado no puede darse siquiera el lujo de ser cuestionado en su rectitud o ética, pues para mí la ética sí va implícita en el derecho: de nada sirve un abogado conocedor de las leyes sin este insumo para su ejercicio profesional. Frases como estas describen el estado de la podredumbre en la que estamos sumergidos como país y la calidad de profesionales que son tendencia de opinión (que claramente no nos representan a todos los abogados). Son momentos dignos para declarar un estado de emergencia que lleve a la disolución de la Corte Suprema de Justicia y permita replantear estos órganos y recuperar la confianza en la administración de justicia.
Presidente Santos: por una vez en sus casi ocho años de gobierno, tome una decisión que permita pensar que su interés de un país en paz es real y va más allá de su propia vanidad.
