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En cabeza del Presidente de la República y de toda la institucionalidad minera se ha lanzado la iniciativa Ecodorado, como una estrategia para transformar el oro en motor de desarrollo, legalidad y seguridad territorial, con la presencia de mineros formalizados y en proceso de formalización que pretenden hacer parte de este proceso.
Con el objetivo de realizar una apuesta integral para transformar la cadena del oro (y de otros minerales, como las esmeraldas) en Colombia, fortalecer la formalización minera y recuperar para el Estado y los territorios una economía que hoy está en gran parte capturada por estructuras criminales.
Esta estrategia integra instrumentos como los Distritos Mineros, el Fondo de Fomento Minero, los avances en formalización, el Pacto por el Oro y la entrega de dos comercializadoras por parte de la SAE al Ministerio de Minas y Energía, con el objetivo de consolidar una cadena aurífera legal, trazable, competitiva y con impacto territorial. Adicionalmente, se busca hacer frente a la ilegalidad que existe en la minería de oro del país, donde hasta 85% del oro que se comercializa se denomina como de origen informal, ilegal o no autorizado.
Con bombos y platillos se anuncia que se va a incrementar la compra de oro legal de 5 a 15 toneladas anuales mediante la creación de una comercializadora estatal de oro, que permitirá comprar directamente a pequeños mineros formalizados, garantizando precio justo, trazabilidad y acceso a mercados nacionales e internacionales.
El Gobierno nacional y el ministro de Minas y Energía no tienen en cuenta los órdenes de magnitud frente a esta estrategia. Al momento de escribir esta columna, una tonelada de oro tiene un precio aproximado de US$153 millones (kitco.com), es decir, un poco más de $566.000 millones con una TRM de $3.700. Para alcanzar la meta de comprar de manera justa 15 toneladas de oro se necesitan, a los precios actuales, US$2.300 millones, que en pesos colombianos equivalen a $8,5 billones, casi el valor de una reforma tributaria o lo que se esperaba recaudar por el decreto de emergencia económica que acaba de tumbar la Corte.
Vale la pena dejar planteada una pregunta: ¿o el Gobierno nacional tiene muchos recursos para comprar por lo menos una tonelada de oro (más de medio billón) o definitivamente se cree que comprar oro es como comprar huevos en la tienda de la esquina?
La realidad de la comercialización del oro en todos y cada uno de los más de 23 departamentos del país donde se extrae este mineral va más allá de las oficinas de Bogotá. Es una realidad que viven miles de colombianos que se ajustan a unas condiciones de mercado que fijan internacionalmente los precios de cotización y comercialización de la onza troy de oro. Pretender comercializar a precios justos es una utopía que, más que utopía, refleja el total desconocimiento de un sector minero por parte del Gobierno nacional y lo alejado que está de las tensiones geopolíticas que impactan de manera directa el precio del oro.
Finalmente, hasta este momento los jueces no han fallado de forma definitiva sobre las dos comercializadoras en las cuales se fundamenta esta estrategia de Ecodorado. Como lo cantaba Escalona, es una casa en el aire. Se está generando una expectativa con mucho oro por legalizar, pero el Gobierno nacional ha demostrado que tiene pocos recursos para que Ecodorado sea una realidad. Los órdenes de magnitud son muy, pero muy importantes.
Es preferible un banco central independiente que se equivoque, a uno dependiente que sea el perrito faldero del gobierno de turno
. Muchas pequeñas y medianas empresas operan parcialmente por fuera del sistema: pagan parte de los salarios en efectivo, evitan cargas tributarias o simplemente no se formalizan
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