Todo Estado tiene el derecho de conducir sus asuntos sin injerencia extranjera, con fundamento en el principio de no intervención que, como obligación internacional imperativa de carácter consuetudinario, no debería tener práctica en contra. Dicha obligación ha sido recogida y precisada por diversos instrumentos internacionales tales como las resoluciones 2131 (XX) y 2625 (XXV) de la Asamblea de Naciones Unidas y la Carta de la OEA. La Corte Internacional de Justicia hizo lo propio en el asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, y la doctrina difundió la vieja noción de Oppenheim quien consideró la intervención como “una injerencia dictatorial de los asuntos de un Estado por otro Estado con el objeto de mantener o alterar la condición actual de las cosas”.
Así, cuando un presidente, como jefe de Estado -que goza de la capacidad de generar obligaciones unilaterales mediante sus actos expresos o tácitos- recibe oficialmente la visita de un líder de la oposición de un gobierno que no reconoce, está desvirtuando -o por lo menos poniendo en entredicho- el reconocimiento oficial que previamente otorgó. De ahí que la reacción torpe y beligerante del gobierno de Venezuela se explique y justifique en términos del derecho internacional como una injerencia.
En el país durante una semana, unos guiados por la antipatía, el sesgo político o patrioterismo, pero todos con ingenuidad e ignorancia absoluta, trataron de satanizar la reacción de Cabello y Maduro con el argumento de la autonomía soberana del gobierno de Colombia para recibir a quien quiera, y con el eufemismo de que no se trataba de recibir al líder de la oposición que no reconoce al gobierno actual de Venezuela, sino al gobernador del estado de Miranda.
Mientras tanto, en medio del éxtasis producido por la invitación formal a incorporarse a la Ocde, el ejecutivo colombiano anunciaba que el Ministerio de Defensa suscribiría un acuerdo con la Otan “para iniciar un proceso de acercamiento”, que generó airadas reacciones de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que luego lo obligó a aclarar que solo pretende un acuerdo de cooperación con la Alianza del Atlántico Norte, sin que ello implique su ingreso a la Otan ni la presencia de tropas extranjeras en Colombia.
No creo que estos desatinos del gobierno colombiano con la región sean el resultado de una miopía diplomática. El Presidente y su canciller han demostrado una auténtica capacidad y habilidad política en el manejo de las relaciones exteriores que envidian sus predecesores, por lo que me permito inferir que ya alcanzaron la destreza necesaria para asumir costos políticos en la región que les permita reequilibrar el panorama político interno. En todo caso, el precio puede ser alto para un gobierno que supo distensionar las exacerbadas relaciones que dejó Uribe con la región, entre otras razones, por el acceso que el expresidente quiso brindarles a las fuerzas norteamericanos en siete bases militares y que se frustró gracias a que no se observó el derecho internacional al configurar la obligación.
La restitución de tierras, la ley de víctimas, el marco jurídico para la paz y el propio proceso de paz se enmarcan en el respeto a los principios generales del derecho internacional, de ahí que preferimos al presidente que al candidato que debe reequilibrar las fuerzas políticas internas, asumiendo costos internacionales.
