Analistas

Monumento a la arbitrariedad

La Registraduría Nacional del Estado Civil abusando de sus poderes omnímodos rechaza de plano el recurso que un grupo significativo de ciudadanos interpuso contra del acto administrativo que negó el reconocimiento de las firmas que avalarían la inscripción de este servidor como candidato a la Presidencia de la República.

El acto administrativo que negó el recurso es un monumento a la arbitrariedad jurídica y política. Lo es, porque un procedimiento administrativo no deja de serlo por tener como materia de discusión una decisión electoral (política). Por el contrario, al ser política la decisión administrativa, los niveles de garantía a los derechos tienen que ser óptimos y elevados. No puede dar lugar a sospechas, suspicacias y arbitrariedades.

Un procedimiento administrativo electoral, por lo tanto, tiene que ser público, no secreto como el que ejerce la Registraduría en mi caso. A los interesados nos asiste el derecho de intervenir a lo largo del proceso de verificación, estudio y expedición de la decisión administrativa. De la misma manera, tenemos el derecho a conocer, de primera mano, la metodología que se aplica y la base de datos con la que van a cotejar las firmas. Es el derecho a la participación política lo que está en juego. No se garantizó este derecho.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de obligatoria aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano, cuyas normas tienen estatus de norma constitucional, en virtud de los mandatos de los artículos 93 y 94 de la Carta Política, reconocen en el proceso de recolección de firmas para avalar una candidatura presidencial, un procedimiento administrativo en el que se debe garantizar el debido proceso.

El debido proceso debe ser aplicado en este procedimiento administrativo con la certidumbre de que las firmas entregadas a la Registraduría son aptas y cumplen con el requisito para mi inscripción, por tal motivo, hemos interpuesto una acción de tutela que ya fue admitida y espero que los jueces protejan los derechos violados por la Registraduría.

Espero que los jueces protejan los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa técnica y a la participación política, y ordenen la inscripción de la candidatura presidencial de Eduardo Verano de la Rosa.  De no ser así, ese acto arbitrario cumplirá con su cometido de exclusión política de esta candidatura presidencial que propone la reforma del Estado centralista y la adopción de un modelo democrático unido y regionalizado.

El acto administrativo electoral es una arbitrariedad no solo contra mí, lo es con la región Caribe que con su Voto Caribe apoya esta candidatura que busca la Autonomía Regional ya no de una porción del territorio sino de todas las regiones de la República de Colombia. Es una arbitrariedad más del centralismo contra las regiones del país.

La arbitrariedad política de la Registraduría explica como el centralismo con normas y decisiones abusivas tiene la capacidad de impedir transformaciones democráticas que requiere el país. El proceso de lucha contra del centralismo y de sus abusos no se detendrá. Continuaremos con este proyecto político de impulsar el mandato del Voto Caribe y no desfalleceremos. Tomaremos nuevos impulsos para reducir la inequidad social, económica y hasta política que abunda a lo largo y ancho de Colombia.

Una arbitrariedad más. La reacción ciudadana frente a las arbitrariedades del centralismo no frenará la transformación que requiere el país. Hoy el Voto en Blanco indica que la ciudadanía tiene una seria reacción política consciente de que las cosas tienen que cambiar en la realidad política colombiana. Trabajaremos y seguiremos trabajando. No bajaremos los brazos. Nuestra bandera es la de todo un país.