La semana anterior se aprobó la Ley Estatutaria que reforma el sistema de salud en Colombia. El proyecto se dividió en dos partes: el estatutario, aprobado, pero pendiente de la revisión de la Corte Constitucional, y la segunda parte, la ley ordinaria que se tramitará el próximo semestre.
Esta dualidad de la nueva Ley la hace incompleta porque básicamente indica cómo se va a garantizar el derecho fundamental del ciudadano para acceder a la salud y garantizar su vida.
Esta ley se tramitó como un ‘contentillo’ del Gobierno Nacional a las Sociedades Médico-Científicas que desean definir ya los principios, valores y reglas jurídicas que amparan la salud como derecho fundamental.
Queda pendiente, entonces, la verdadera Ley de la Salud, es decir, la ordinaria en la que se definirá el qué, el quién y el cómo se accede al sistema. El trámite de este proyecto que se dará a finales de año será la verdadera discusión sobre la salud.
La nueva Ley Estatutaria, la aprobada recientemen-te, intenta garantizar la regulación de precios de los medicamentos, la organización de las redes de salud, la autonomía a los médicos para sus diagnósticos y tra- tamientos y define sanciones a quienes nieguen los servicios.
Además, conforma una red de prestación de servicios denominados gestores, atiende a todos los incapacitados, define un perfil epidemiológico y fija el principio de “cuando el ciudadano se enferma, el gobierno lo atiende”: Tiende más hacia la prevención.
Se critica la ratificación del papel dominante de los nuevos gestores -se asegura que solamente van a cambiar el letrero de las actuales EPS-, se sigue con los intermediarios que finalmente son los que autorizan a los gestores que han causado los problemas que se quieren erradicar. Es decir, todo cambia para que todo quede igual.
Un aspecto importante es que continúa la división o fractura en la prestación del servicio de salud. Mientras las acciones colectivas las siguen prestado las entidades territoriales (vacunación, control de vectores, etc), las acciones individuales siguen en manos de las EPS hoy Gestores.
La sociedad debe impulsar la base de una buena salud al estimular la educación para tener los buenos hábitos de vida saludable y para ello, se requiere la construcción de acceso al agua potable y alcantarillado que son los determinantes, entre otros, en el control de enfermedades.
Y por último, se pretende eliminar la tutela como mecanismo para acceder a los servicios de salud cuando haya inconvenientes para hacerlo, al argumentar que la salud no es un derecho fundamental sino un derecho social. Esto es gravísimo y pone en peligro la vida y la salud de los colombianos.
Los juristas, justamente, argumentan que la salud es un derecho fundamental y la base de la vida es una buena salud, y la tutela, por lo tanto, es el mecanismo, por excelencia, necesario para defender este tipo de derechos fundamentales. Las tutelas provenientes de la salud han congestionado la justicia por falta de atención médica y de medicinas y esta ley no solucionará este grave problema.
El país gasta casi el 7% del PIB en atención en salud, más de $35 billones. A pesar de esta cantidad de recursos, hay más de 356.000 reclamos que debe atender la Superintendencia Nacional de Salud, se han descubierto cobros inadecuados en el Fosyga hasta por cuatro veces del real, el 84% de las tutelas se resuelven a favor de los tutelantes y se requiere, con urgencia, eliminar el serio problema de la corrupción en el sistema.
Lo fundamental es que con esta segunda ley ordinaria que se tramitará a final de año se termine bien el trabajo y no quede pendiente lo prioritario para que haya una visión integral en el sistema porque sin salud no hay paz y sin paz no habrá salud.
