Una reforma que no es estructural

La anunciada Reforma Tributaria llega en un momento inoportuno; para el país, para el Gobierno y para el Congreso, con el agravante de que no llena las expectativas anunciadas, en el sentido de que sería una reforma estructural, pues está muy lejos de modificar la estructura tributaria colombiana, ineficiente e inequitativa, que no ha producido el efecto redistributivo que reclama una sociedad, ubicada entre las diez más desiguales del planeta, con un índice de Gini que bordea el 53%, que no es muy diferente al de algunos países de Europa, con la pequeña gran diferencia que, mientras allá, ese indicador disminuye a valores cercanos al 30%, acá permanece casi igual, después de impuestos.

La tributación ideal, teóricamente está encaminada a recaudar los ingresos fiscales que permitan al Estado generar equidad sobre la base de que los que más ganen, paguen más, evitando los efectos negativos sobre la inversión y el empleo. En ese orden de ideas, el país caminó por la senda de gravar los capitales y los bienes suntuarios hasta mediados del siglo veinte, cuando las necesidades fiscales indicaron la necesidad de buscar recursos cuyo recaudo fuera más eficiente sacrificando la equidad. El neoliberalismo acentuó la tendencia, y sin escrúpulos de ninguna naturaleza, orientó la política tributaria hacia bienes inelásticos de difícil evasión, con una demanda imposible de sustituir o suprimir. La tributación se dedicó también, a gravar las rentas de trabajo que, por su inelasticidad, permiten una alta eficiencia en el recaudo pero producen efectos perversos en la equidad.

Algunos analistas propenden por el incremento de los impuestos indirectos a las ventas, a niveles máximos, alegando que los impuestos a las empresas desestimulan la inversión y el empleo, y originan exportación de capital, con el fin de obtener altos crecimientos para disminuir la pobreza, sin tener en cuenta la inequidad que se genera. En la práctica, el empleo de mala calidad, la informalidad y los subsidios, disfrazan la vulnerabilidad de quienes transitoriamente abandonan la pobreza y la miseria bajo este sistema. Chile es el prototipo de esta política, cuya sostenibilidad está por verse, y Brasil es un buen ejemplo de los riesgos sociales que conlleva.

La Reforma Tributaria puesta a consideración del Congreso, sigue el camino fácil y expedito de incrementar los impuestos indirectos y de gravar las rentas de trabajo. El impuesto a las bebidas azucaradas tiene la misma connotación; y los argumentos del ministro Cárdenas sobre supuestos efectos en la salud, nadie los toma en serio.

Es clara e inaplazable la urgencia que tiene el Gobierno, de mejorar los recaudos, para atender el hueco fiscal que nos dejó la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas de exportación, pero estoy con los que creen que esta será otra reforma que no tocará la médula de nuestra política tributaria. Es fácil ver cómo algunos temas que, incluso quedaron consignados en el informe de la Comisión de Expertos, se evadieron o se tocaron tímidamente.

Por ningún lado aparece la decisión de gravar las pensiones estrafalarias de congresistas, magistrados y funcionarios públicos; se volvió a aplazar, por claras razones de conveniencia política, la tributación de los entes sin ánimo de lucro, que siguen acumulando enormes capitales, que benefician a sus promotores, ante la mirada impotente del Estado; el gravamen a los dividendos es un saludo a la bandera porque es de difícil recaudo y no es progresivo; la cárcel para los evasores es tan ilusoria como lo es la política antievasión, pues las exenciones y deducciones dejan la puerta abierta para que los sectores que más debían pagar, evadan con facilidad.

Definitivamente, la reforma no apunta a resolver las falencias de nuestro sistema tributario. El Congreso hará lo que más le convenga, pues los parlamentarios no querrán correr riegos, frente a sus electores, en vísperas de aspirar a la reelección para mantener sus enormes privilegios tributarios.