Analistas

Homenaje en Cartagena a la Constitución Política

La “toma de Cartagena” que protagonizaron el Gobierno, los dirigentes de las Farc, las víctimas y los 2.500 invitados, valió la pena. La historia de la ciudad plagada de fechas heroicas y luctuosas que la convierten en uno de los símbolos de nuestra nacionalidad, transmite la  grandeza de nuestro pueblo y fue el marco ideal para notificarle al mundo la inequívoca decisión de abrazar la  causa de la paz, por encima de pequeñas y grandes diferencias. Al lado de épicas jornadas libertarias, de asaltos violentos de piratas y corsarios, que tiñeron de sangre las murallas de la mítica ciudad, quedará escrita en sus anales la jornada gloriosa del pasado 26 de septiembre por la firma del acuerdo entre el Gobierno, presidido por Juan Manuel Santos, y la guerrilla más añeja del continente representada por Rodrigo Londoño.

Mucha tinta ha corrido describiendo los mínimos detalles y las anécdotas que pasarán a la historia, porque lograron subvertir el orden riguroso del evento. La  cara del jefe guerrillero al paso de los aviones de combate quedará en la retina de los millones de asistentes virtuales como un símbolo de que los hombres que hicieron la guerra también fueron víctimas, también sufrieron, también sintieron miedo y también lloraron a sus muertos. Quiso la casualidad que todos los colombianos entendiéramos, con otra macondiana alusión, que todos hemos sido víctimas del conflicto; y que frente a esa realidad no podemos eludir nuestra responsabilidad en su liquidación total.

Es claro que la firma del Acuerdo de La Habana no elimina de tajo la violencia ni los problemas de nuestra frágil estructura democrática; es el punto de partida de un proceso de reingeniería que permitirá, en un marco de relativa calma, revisar nuestras deudas sociales y abrir las compuertas de la inclusión para que ningún colombiano se sienta extraño en su tierra o tenga que tomar el camino del exilio. Nadie puede ser indiferente al proceso, incluidos los escépticos que, sin renunciar a sus convicciones racionales, pueden darle una oportunidad al espíritu para reconstruir la solidaridad perdida en el fragor de la violencia.

“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, reza el artículo 22 de la Constitución Política. En el acto de Cartagena se refrendó ese inequívoco compromiso con la paz y se ratificó la adhesión a la Constitución del 91. El mundo fue testigo de la decidida actitud de quienes, habiéndose revelado contra el Estado, regresaron a rendir homenaje a un himno y a una bandera, emblemas inequívocos de nuestra unidad nacional. Firmar con el Presidente de la República un acuerdo de paz, fue el reconocimiento expreso de nuestro ordenamiento jurídico e institucional con todas sus profundas implicaciones. Renunciar a las armas para reconocer que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado es tal vez la prueba más clara y contundente de aceptación del imperio de la ley por parte de quienes han solicitado su reincorporación a la sociedad. 

El momento no puede ser más propicio; el plebiscito de mañana domingo no es un simple trámite, es la decisión generosa de la sociedad para permitir que un grupo insurgente cambie las armas por las ideas y contribuya, en democracia, a alcanzar el bienestar que nos ha sido esquivo. Propios y extraños conocen nuestros inocultables fracasos. Jefes de Estado se sorprendieron que una habitación en Cartagena costara $7 millones al día, cuando a pocos kilómetros es fácil encontrar un millón de personas que viven con $7.000 diarios. 

Hace dos siglos, en este mismo escenario fortificado de murallas, derrotábamos militarmente a la mayor potencia de la época; hoy el tamaño de la brecha que nos separa del primer mundo, es inconmensurable. Es hora de recuperar el tiempo perdido.

No soy nadie para indicar cómo deben votar mañana los colombianos; pero abrigo la esperanza de que un país heroico en la contienda no será mezquino en la reconciliación.