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Analistas 18/02/2021

La Cumbre de gobernadores y la sostenibilidad

Didier Tavera Amado
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

Al firmar el Acuerdo de París de 2015, el país se comprometió a cumplir, en el mediano plazo, importantes metas en el ámbito del control a la deforestación. Lo hizo en momentos en que el área deforestada superaba las 195.000 hectáreas, en buena medida por efecto de los cultivos ilegales, la economía clandestina y el crecimiento desordenado de algunas actividades agropecuarias.

El Gobierno, en todos los niveles, ha venido fortaleciendo sus esfuerzos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a las estrategias y acciones de la Agenda Ambiental Nacional, el pacto por la sostenibilidad, la mitigación del cambio climático, los avances en la lucha contra la deforestación y emisión de gases efecto invernadero, lo mismo que la preservación de la biodiversidad y la riqueza natural del país han sido prioridad en la agenda ambiental.

Durante el proceso de concertación y preparación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Gobierno Nacional planteó la necesidad de sembrar 180 millones de árboles durante sus cuatro años de mandato, es decir, un promedio de entre 35.000 y 65.000 año. Quizá sea necesario replantear esa previsión, pero no es tarde para acometerla con bríos renovados y con el respaldo y compromiso de las entidades territoriales.

En el mismo frente de la sostenibilidad ambiental nuestro Estado cuenta con instrumentos importantes para cumplir también otro objetivo de sustancial importancia: reducir la cantidad de gases de efecto invernadero y cumplir así los compromisos adquiridos en el marco de la COP21 de París.

La reducción propuesta es del 20 por ciento hacia el año 2030. Uno de esos instrumentos, ya creados, es el impuesto nacional al carbono que bien puede ser redistribuido entre las regiones con mayores necesidades en cuanto a la reducción de la deforestación y la adaptación al cambio climático.

La destinación del 15% del impuesto al Carbono para el Pacto Región Amazonia, por ejemplo, ya está llegando al 10% y solo harían falta algunos ajustes para que contribuya efectivamente al financiamiento de proyectos ambientales. Aquí es posible aprovechar la coyuntura generada por el proceso de creación de la Región Administrativa de Planificación (RAP) de la Amazonía, integrada por Putumayo, Caquetá, Guaviare y Guainía.

Los cuatro departamentos, que ocupan el 43% del territorio nacional, podrán convertirse actores fundamentales del mencionado Acuerdo de París, que incluye la promoción de procesos de desarrollo rural de baja emisión y la adopción de medidas que impliquen mitigación y adaptación al cambio climáticos. Podrán impulsar proyectos de agrodiversidad y biocomercio, claves para la protección del ecosistema ambiental.

Los esfuerzos por preservar ese ecosistema están relacionados también con la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, proyecto que ha venido siendo impulsado por los departamentos. Ya ha ido avanzando un proyecto con embarcaciones tipo de transporte con baja emisión y amigables con el ambiente.

Como bien lo advertía recientemente el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, la protección del medioambiente es también un asunto de seguridad nacional, especialmente cuando se trata de combatir la deforestación causa por los cultivos de coca en parques nacionales y en aquellas regiones, como el Cañón del río Duda, que hicieron parte del meridiano del conflicto armado.

Haría que fortalecer la figura de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (Zeii) para garantizar el control territorial, la estabilización de los territorios clave para la seguridad nacional, la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, más allá de los proyectos de erradicación de cultivos.

A los depredadores de las distintas especies de bosque se suman, además de las plantaciones ilícitas, el tráfico de madera, la minería legal o antitécnica y la ganadería extensiva, cuando no se ajusta a parámetros normativos.

Es importante destacar que estos desafíos han contribuido a un proceso de modernización institucional que debe hacerse extensivo a todos los territorios. El Ideam, por ejemplo, cuenta con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), que ha permitido detectar cambios en coberturas boscosas, realizar las detecciones tempranas de deforestación y estudios específicos sobre sus principales causas.

En la cumbre de gobernadores de los próximos 25 y 26 de febrero revisaremos las estrategias y proyectos que tienen los departamentos para cumplir los propósitos aquí mencionados. Se trata de un ir esfuerzos y lineamientos a las estrategias que están siendo implementadas en la agenda nacional.