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Analistas 03/09/2022

Cantos de sirena

Cada cuatro años, el país cultural se ilusiona con las promesas de cambio de un nuevo gobierno. El balance del gobierno Duque es agridulce. En parte por la pandemia. En parte por la dispersión de mensajes y programas que no permitieron comprender la economía naranja, afectada además por señalamientos al gobierno de presiones sobre la libertad de expresión, intereses políticos y privados ajenos a la gestión cultural y escasa atención a procesos culturales en territorios y comunidades más vulnerables. Sin embargo, la economía naranja dio mayor presupuesto al Ministerio de Cultura, se crearon programas en 21 entidades nacionales y en 17 departamentos, y se aprobaron incentivos fiscales para el mecenazgo cultural -descuento de renta por Cina, deducción de renta y creación de la entidad mixta CoCrea, exención de renta por siete años y obras por impuestos para distritos creativos-.

El entusiasmo con la designación de Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura y su apuesta por una transformación cultural en los territorios, para la paz y la reducción de las brechas sociales, se ha visto empañado por una reforma tributaria que desarma el sistema de financiación en desarrollo desde la Constitución de 1991, para garantizar derechos culturales y participar en la economía del conocimiento. El gobierno y los entes territoriales financian bibliotecas, orquestas sinfónicas, archivos, centros de memoria, patrimonio lingüístico, arqueológico y sumergido, restauración de bienes muebles e inmuebles. Otros campos tienen modelos mixtos -artes escénicas, música, artes visuales, producción editorial y audiovisual, radios comunitarias, museos, parques arqueológicos, festivales tradicionales-, y cuentan con incentivos para la participación privada. El gobierno apoya obras de mayor riesgo artístico, mientras el sector privado y las audiencias asumen aquellas de mayor vocación comercial. Inclusive las de menor riesgo artístico y mejores posibilidades en el mercado tienen alto impacto social, como lo han mostrado teóricos como Jesús Martín Barbero y sus estudios sobre la telenovela en América Latina.

El sector audiovisual ha reaccionado frente a la reforma para buscar la continuidad de las leyes 814 de 2003 y 1556 de 2012, además del descuento en el impuesto de renta -Cina- creado en 2019. Desde la Ley de Cultura de 1997, este sector ha sido un laboratorio de impulso a una industria cultural, liderado por la entidad mixta Proimágenes Colombia, creada en 1998 por actores públicos -ministerios de Cultura, Educación, TIC, Dian, Universidad Nacional- y privados que representan la cadena de creación, producción, distribución, exhibición y preservación audiovisual. El Cina tiene impacto fiscal controlado por Proimágenes, los ministerios de Cultura y Hacienda y la Dian. En apenas tres años generó inversión extranjera por $1,3 billones. Creó en medio de la pandemia nuevos empleos en muchos campos de las artes y oficios técnicos -dramaturgia, música, actuación, escenografía, iluminación, sonido, vestuario, maquillaje-. Activó servicios turísticos en economías locales por todo el país afectadas por la crisis del covid. Y permitió la creación de obras audiovisuales de talento nacional para el consumo internacional. Un estudio contratado con Econometría muestra cómo cada peso en deducciones fiscales genera hasta tres pesos en nuevos impuestos y dinámicas económicas y de empleo.

El sector editorial es otro caso de éxito, con incentivos desde la Ley Esmeralda Arboleda de 1958, que han evolucionado con las circunstancias tan variables de esta industria hoy en fuerte transformación por la convergencia digital y la reconfiguración de los medios, los libros y las librerías. Aún son pocos los gobiernos en el mundo -Corea, Reino Unido, Suecia, Francia, Estados Unidos- que han dado un lugar estratégico a sus industrias culturales, con alta protección en las negociaciones de tratados de libre comercio, y sistemas de incentivos para fortalecer su participación en las economías digitales y en la competencia internacional de las sociedades del conocimiento.

Beneficios para todas las artes y la cultura: un laboratorio de innovación en pleno desarrollo. La caja de compensación familiar de Medellín Comfama, la Cámara de Comercio de Bogotá, las universidades del Valle y Jorge Tadeo Lozano, los ministerios de Cultura y Comercio, participan en la entidad mixta CoCrea, cuyo objetivo es unir esfuerzos públicos y privados para programas culturales de impacto en todas las regiones del país. El primer proyecto que ha liderado CoCrea es el incentivo fiscal aprobado en 2019 equivalente al del sector audiovisual de 2003, esta vez para todas las artes, los medios y el patrimonio cultural. Con rigurosos controles compartidos con los ministerios de Cultura, Hacienda y la Dian, este joven beneficio ha llegado a 81 proyectos culturales en 11 departamentos, a través de una ardua tarea de atracción de capital privado para el mecenazgo cultural, en medio de las secuelas de la pandemia. El nuevo gobierno debe seguir desarrollando este laboratorio de innovación para ampliar su impacto en los territorios y explotar las posibilidades que ofrece su diseño constitucional y legal.

De la ilusión al desconcierto (recordando a Luis Ospina). Además de defender los incentivos fiscales para el audiovisual, los autores, la producción editorial, las librerías y el patrimonio cultural, el estallido cultural del gobierno Petro exige la restructuración del Ministerio de Cultura para devolverle el sentido que perdió por la economía naranja. Impulsar como prioridad la formación artística con el Ministerio de Educación y el Sena, apoyado en los planes de música, danza, lectura y bibliotecas, y en la nueva política de oficios tradicionales, para lo cual sería ideal trasladar Artesanías de Colombia al sector cultural. Buscar mayor autonomía financiera en cerca de 1.000 municipios que reciben menos de $100 millones anuales del Sistema General de Participaciones y la Estampilla Procultura, respectivamente, para sus procesos culturales. Liderar políticas de turismo cultural con el Ministerio de Comercio y aumentar la producción de contenidos digitales desde Futic, a cargo del Ministerio de las TIC. Consolidar las líneas del Ministerio de Ciencias en creación-investigación. Revisar los cerca de 100 nuevos distritos creativos, ofrecer asistencia técnica a los de potencial real de consolidarse -que serán pocos- y hacer efectivo el incentivo de obras por impuestos, en armonía con los planes especiales de manejo y protección y los planes especiales de salvaguarda del patrimonio cultural.

De las ilusiones por las primeras declaraciones de la ministra Ariza y el estallido cultural en la posesión del presidente Petro, hemos pasado al desconcierto por la reforma tributaria, la falta de apuestas legislativas para plataformas digitales, el teatro, la música, las artes visuales o un nuevo sistema nacional de cultura -la mayoría con borradores para discutir- y el silencio respecto de la reducción a la mitad en el presupuesto del sector en 2023. ¿Otra vez cantos de sirena? Esperemos que no. Esperemos que se conforme un equipo de gobierno competente en el ministerio, que pase de revisar de manera superficial el pasado con críticas que en cualquier caso muchos compartimos, a iluminar el futuro con propuestas detalladas, concretas y realizables en los cuatros años de gobierno.

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