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En un comunicado la administración de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) condenaron los atentados contra la infraestructura petrolera ocurridos en las últimas semanas que han causado un grave daño ambiental y social en cuatro departamentos del país, y que han sido atribuidos a los grupos al margen de la ley.
“Los trabajadores de la empresa sin distingo de nómina exigen el cese inmediato de los ataques que ponen en riesgo la vida de funcionarios directos, contratistas y personas de las comunidades que laboran y viven alrededor de las operaciones de la industria en Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Arauca”, dice el comunicado.
También insiste en que Ecopetrol y la USO consideran inaceptables estos hechos que atentan contra la población civil, especialmente comunidades vulnerables; impiden el acceso a servicios públicos esenciales como el agua; violan el derecho a la vida, el trabajo, la libre movilización; y afectan el medio ambiente en zonas que son reconocidas por ser unas de las más ricas en biodiversidad del mundo.
En contraste los sectores que tuvieron la menor ejecución fueron: transporte con 30,8%, seguido por presidencia con un porcentaje de ejecución por el orden de 34,3% y la Registraduría con 43,6%.
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La última vez que se registró un nivel similar fue en octubre de 2017, cuando el número de ninis se ubicó en 2,28 millones. Los analistas dicen que el número no es necesariamente positivo