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La restricción para celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos comienza el 11 de noviembre, cuatro meses antes de la votación para el Congreso, y la prohibición para contratar de forma directa empieza el 27 de enero, cuatro meses previos a la elección presidencial.
Este veto según un análisis de la Auditoría General de la República tradicionalmente tiende a afanar los procesos de contratación directa en las entidades, muchas veces poniéndolas en riesgo por pérdida de trazabilidad de recursos.
Otra de las implicaciones de estos picos en las contrataciones y desembolsos, que según Zuleta se dan clásicamente en entidades como Planeación Nacional, Icbf, Ministerio de Educación, Sena e Invías, podría ser el impacto económico que esto le trae al país. Si se mira la cifra de consumo final del Gobierno en el trimestre previo a la entrada en vigencia de la Ley, para la elección de Juan Manuel Santos en 2010, como está en el gráfico, se demuestra que la variación es mayor a cuando entra en vigencia la norma.
Las cifras muestran que en los dos trimestres anteriores a entrada de la Ley el PIB y las cuentas se aceleran y durante el periodo de garantía estos indicadores bajan. Pasó en la reelección de Uribe y en las dos elecciones de Santos. Sin embargo, para el analista económico, Alejandro Espitia, “las grandes inversiones que van por licitación se mantienen, y esas son las que más mueven la economía” asegurando que el impacto podría estar más cercano a temas de inversión pública.
Según un estudio realizado por la Auditoría General con la Ley de Garantías en 2015, antes de la entrada en vigencia se suscribieron 169.954 contratos por $8,5 billones, siendo el 24 de junio, fecha límite para el inicio de la restricción, el día en que más se realizaron procesos con 6.410 contratos suscritos por valor de $696.000 millones.
Además en contratación directa a nivel central los procesos médico asistenciales y administrativos de apoyo salud, el apoyo a la gestión, los túneles, viaductos y puentes, y los servicios educativos fueron los que más contrataron antes de la Ley.
Lo cierto es que es probable que durante octubre se evidencien picos en convenios interadministrativos y que “en las tres primeras semanas de enero, como ya sucedió en 2014, haya más contratación directa, para evitar la restricción de la norma”, como lo aseguró Zuleta.
¿Qué obras estarían en riesgo?
Según Jairo Espejo, director de infraestructura en transporte de Aciem, “esperamos un bajonazo en la contratación en infraestructura en entre 10% y 30% cuando empiece a regir la norma”. Además afirmó que proyectos como el Túnel de la Línea, la Ruta del Sol II y la navegabilidad del Río Magdalena se podrían seguir dilatando. Por otro lado, la Auditoría General sigue cuestionando el proceso, ya que se ha evidenciado que muchas entidades solo adelantan los convenios o contratos, pudiendo igual privilegiar los destinatarios con mayor antelación a las elecciones.
La opinión
María Margarita Zuleta
Directora de Colombia Compra Eficiente
“La restricción suele disparar este tipo de contratación durante los meses previos. Así lo pudimos analizar en las elecciones de 2014”.
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