A siete meses de la caída de Interbolsa, se aclara el camino

Entre acusaciones, señalamientos y debates, han pasado ya siete meses desde que era la principal comisionista del país, Interbolsa, recibió la orden de liquidación. Con algunos altibajos, el proceso que se lleva a cabo para dar con los responsables del descalabro financiero empieza a tener un camino más claro.

Las noticias no son positivas para ninguno de los agentes involucrados. Tanto inversionistas, como autoridades y directivos de la firma están siendo afectados por el proceso. Para nadie es un secreto que en el caso Interbolsa se presentaron irregularidades financieras que deben ser castigadas y que los principales responsables son los dueños y directivos del Grupo, pero son los clientes y acreedores quienes llevarán la peor parte, pues no hay certeza de que se les pague el dinero depositado.

En la historia reciente, cuando se han presentado problemas con entidades financieras, el doliente ha sido el ahorrador que pierde parte de sus recursos, el inversionista que fue estafado o los empleados que no tenían nada que ver con las operaciones de fraude; pero quienes actuaron de manera irresponsable salen con la cabeza agachada pero sin sanción alguna.

Esto es lo que precisamente se quiere evitar con el caso Interbolsa y es por eso que todas las autoridades tienen investigaciones adelantadas para que quienes tuvieron con ver con el descalabro paguen.

El sueño que quedó en pesadilla
Fue a comienzos de los años 90 cuando el ingeniero Rodrigo Jaramillo abrió un puesto de bolsa en Medellín, el cual con el paso del tiempo se iría fortaleciendo gracias a negocios exitosos, sobre todo de posición propia, y al cabo de unos años logró ser la principal comisionista de bolsa independiente de Colombia.

El sueño de Jaramillo era tener una gran empresa pero con el tiempo el negocio rentable terminó siendo la fachada de una serie de transacciones que no correspondían a las reglas del mercado y que pusieron en riesgo a miles de inversionistas.

El 2 de noviembre del año pasado el sueño se convirtió en una pesadilla al tener que reconocer que su comisionista pasaba por problemas de liquidez, lo que llevó a la toma de posesión por la Superfinanciera. Ocho días después la decisión fue mortal para Jaramillo y su familia pues la orden fue liquidar la sociedad.

Las razones eran claras: Interbolsa no contaba con el dinero suficiente para pagar sus obligaciones financieras ni respaldar las operaciones que había hecho a nombre propio a través del mercado de capitales.

Si bien la razón principal del descalabro financiero tuvo que ver con la sobreexposición en repos de Fabricato, empresa textilera que resultó siendo una de las más afectadas, hay otros negocios que no resultaron.

Desde ese momento, los entes de control abrieron investigaciones. El fiscal general, Eduardo Montealegre, fue el que dio el primer paso al abrir la investigación por cuatro delitos financieros. En su momento el funcionario explicó que Interbolsa presuntamente había manipulado acciones, no había presentado la información a sus inversionistas debidamente, y podría haber tratado de adquirir una empresa sin realizar una oferta pública de acciones.

Frente a esto, el próximo 24 de junio se imputarán los cargos a los directivos del grupo financiero, así como a personas que estuvieron vinculadas con los negocios. Como parte del proceso, tanto Rodrigo Jaramillo como su hijo y Juan Carlos Ortiz buscan acuerdos con la Fiscalía para colaborar con la devolución del dinero que se perdió en la compañía, a cambios de beneficios en sus posibles penas.

A su turno llegó la investigación de la Procuraduría General de la Nación, que desde el 15 de noviembre se propuso averiguar si había fallas de funcionarios públicos. El pasado 4 de junio el procurador Alejandro Ordóñez abrió pliego de cargos contra el superfinanciero, Gerardo Hernández y seis funcionarios más de la entidad.

Estos proceso van en paralelo con las demandas que han puesto los afectados contra Juan Carlos Ortiz, Rodrigo Jaramillo, Víctor Maldonado y Tomás Jaramillo, entre otros. Los abogados penalistas concuerdan con que este es un proceso largo, que si bien tiene carácter de prioridad puede tomarse más de un año en solucionarse. Los avances hasta ahora son las imputaciones de cargo no solo para los empleados de la Super sino para los responsables del manejo de Interbolsa.

El caso también se ha politizado y es por eso que Simón Gaviria, representante a la Cámara, ha tomado la vocería y en su más reciente debate planteó la forma como se hacía un presunto lavado de activos. “US$10.000 millones del narcotráfico se lavan con ladrones de cuello blanco”, dijo el Representante, quien asegura que la mitad de las comisionistas que operan en Colombia están investigadas por este delito.

Por ahora, el proceso avanza y las esperanzas están puestas en que se llegue a una conclusión satisfactoria, sobre todo en la devolución de recursos.

Supersociedades reconoce $188.497 millones en deudas
Según el informe presentado por la Supersociedades, luego de hacer el inventario completo de las acreencias del grupo Interbolsa, el liquidador Pablo Muñoz decidió aceptar deudas por $188.497 millones, los cuales corresponden a $88.914 millones excluidos que serán para el pago de los bonos en Luxemburgo y $99.583 millones de las personas naturales y jurídicas que presentaron reclamaciones. Asimismo, hay un saldo entre contingente y postergadas de $96.966 millones los cuales aún no se sabe si deberán pagarse.

Las opiniones

Gerardo Hernández
Superintendente financiero de Colombia
“El 3 de noviembre Jaramillo le cuenta a la Super que hay problemas de contingencia en la SAI. La Super actuó de manera precisa y oportuna”.

Simón Gaviria
Representante a la Cámara
“En este caso hay un claro conflicto de intereses entre personas que habían trabajado en la Super y en Interbolsa, eso se debe analizar”.