lunes, 27 de enero de 2014

La profesionalización de la Contaduría en Colombia data del año 1960, cuando la Ley 145 reglamentó su ejercicio y empezaron a fundarse las primeras facultades, a partir de las escuelas de comercio existentes en la época; pero es solo en el año 1993, gracias al Decreto 2250, que estableció el Plan Único de Cuentas, que se comenzó unificar el registro de las operaciones económicas por sectores, para permitir la transparencia, claridad, confiabilidad y comparabilidad de la información contable.

Las normas fijadas por la Dian, fueron en su momento un importante criterio para la unificación contable, pero su aplicación terminó llevando a los contadores a producir informes enfocados fundamentalmente a lo tributario, que no son comparables ni brindan la suficiente información financiera, a la hora de buscar inversionistas extranjeros. Criterios fundamentalmente tributarios aplicados en los Estados Financieros actuales como la causación y la inclusión de gastos diferidos, entre otros, pueden ser confusos para los analistas extranjeros, acostumbrados a examinar informes elaborados bajo normas internacionales unificadas. Por esta razón y como una iniciativa de los empresarios, en 2009 se sancionó la Ley 1314, por la cual se expidieron normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que buscaban fundamentalmente la adopción de las normas internacionales de información financiera, mejor conocidas como NIIF.

A partir del 1º de enero del año 2013 y de acuerdo con los decretos 2784 y 2706 de diciembre de 2012, las denominadas empresas grandes (grupo 1), así como las microempresas (grupo 3), tenían la obligación de realizar actividades de preparación, tendientes a adoptar, a partir del primer día del presente año, las nuevas normas contables, que hoy deben estar trabajando en paralelo con el antiguo sistema, dentro de lo que el Decreto define como el período de transición. A 31 de diciembre de 2014 estas empresas deberán presentar Estado Financieros elaborados bajo las anteriores y las nuevas normas.

Para las pyme, la tarea obligatoria de preparación debió iniciarse el 1º de enero del presente año, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3022 de 2013, que determina que las empresas del grupo 2 deberán presentar a los supervisores, un plan de implementación de las nuevas normas, que debe incluir entre sus componentes esenciales la capacitación, la identificación de un responsable del proceso y el cumplimiento de las condiciones necesarias, que hagan posible que, a partir del 1º de enero de 2015 se inicie el período de transición en el cual, como ya se dijo, las organizaciones deberán preparar su información financiera simultáneamente bajo las 2 normativas.

El cambio es verdaderamente importante, lleva tiempo y obliga a las empresas a hacer cuantiosas inversiones tanto para la adquisición de software como para la capacitación de quienes trabajan en las áreas contables y de todos aquellos que de una u otra forma tienen que ver con la preparación y análisis de esta información. Los miembros de las juntas directivas, inversionistas, clientes y empresarios, se verán también en la necesidad de revaluar sus conocimientos contables, no solamente para adaptarse a las nuevas normas, sino para poder leer e interpretar correctamente los nuevos estados financieros de sus compañías.

Los contadores, que por largos años se rigieron bajo normas invariables, se enfrentan hoy a la necesidad urgente de volver a la universidad para hacer, lo que podría denominarse “una reconversión a NIIF”, pues de no hacerlo, en poco tiempo podrían quedar fuera de los escenarios contables.

El impacto que el cambio podría tener en la liquidación de los impuestos puede ser de tal magnitud, que la Dian, en el Estatuto Tributario, prorrogó por 3 años adicionales la obligación de preparar la información financiera bajo las 2 normativas.

Quienes postergaron el inicio del proceso se van a tropezar con enormes dificultades para poder cumplir con las metas estipuladas en los Decretos 2784 y 2706 de 2012 y 3022 de 2013, especialmente porque los que dominan en tema en Colombia no son tantos, el vencimiento de los plazos se avecina y el apremio dispara los costos.