domingo, 3 de noviembre de 2013

A raíz de los más recientes escándalos suscitados en el interior de la administración de justicia, el Gobierno -tras la estruendosa caída del Acto Legislativo correspondiente y después de muchos meses de no haberse acordado de ello- propone nuevamente una reforma constitucional en la materia, esta vez para suprimir el Consejo Superior de la Judicatura. 

Es claro que el presidente Santos, como suele hacerlo, improvisa también ahora, porque solamente se mueve al impulso de los acontecimientos destacados en los medios de comunicación, y está pensando en que su actitud ante los escándalos de la rama judicial le puede ayudar a subir en las encuestas. De suerte que, si no se hubiesen presentado los hechos de la última semana, no se estaría pensando en la mencionada supresión. 

Al respecto, cabe decir varias cosas: 

-Desde luego, el Congreso puede modificar la Constitución, cumpliendo los requisitos de forma señalados en la misma Carta Política y en la Ley 5 de 1992 (para que después la Corte no eche abajo la reforma), y el Gobierno está en uso de sus atribuciones para formular, presentar e impulsar este y otros proyectos, por lo cual, si lo consideran pertinente, cabe la eliminación del Consejo de la Judicatura, y quizá alcanzarían a lograrla antes de culminar la presente legislatura. 

-Pero es evidente que, suprimido el organismo, habrá que pensar en otro u otros que cumplan las mismas funciones, que son indispensables -como la administración de la rama judicial y de la carrera judicial, el poder disciplinario sobre jueces, magistrados y abogados, y la de dirimir conflictos entre jurisdicciones, por ejemplo-, y se deberá establecer la forma de elección: quién postula a los candidatos, quién elige y cuáles serán los requisitos constitucionales para aspirar a ellos. Todo eso cabe, y se puede hacer, pero si los seres humanos que resulten elegidos no están bien preparados; si no tienen una sólida estructura moral; si le hacen esguinces a la ley; si son postulados y escogidos solamente por razones políticas, y no por sus calidades, hoja de vida y experiencia, esa nueva institución también fracasará. 

-Así que el problema no es de normas, ni del nombre con el cual se rebautice el organismo, ni del cambio de reglas constitucionales sobre postulación y elección. El problema es de seres humanos, que si fallan, hacen fracasar las instituciones por perfectas que sean. Y el problema es también de criterios de selección, pues si se postula y se elige solamente con base en criterios políticos, nada se gana con haber modificado el esquema normativo, ni con haber suprimido un organismo, ni con haber creado más burocracia. 

Lo que importa es la persona del candidato, su preparación, su formación, sus capacidades y sus antecedentes. Lo demás es paja.