• Germán Corcho Tróchez

lunes, 2 de diciembre de 2013

La firma de abogados De la Calle, Londoño, López & Posada (DLP) alerta de nuevo sobre el uso del asbesto en la industria colombiana y de que el Gobierno Nacional no ha hecho lo suficiente para controlarlo.

Organizaciones de trabajadores coinciden con el trabajo en que la sustancia es perjudicial para la salud, pero no que deba prohibirse.

‘La verdad sobre el asbesto’ surgió de un caso que involucró a un trabajador que demandó a la empresa, que fue representada por el bufete DLP. Wilson Castro Manrique, integrante del equipo investigativo, cuenta que “a partir de ese conocimiento” conocieron información del comercio de esta partícula en el país.

Cifras de Proexport, daban cuenta en 2011 de que la comercialización de asbesto en Colombia alcanzaba las 20.048 toneladas. Un periodo en el que la producción nacional cesó por el cierre de Las Brisas S.A., una mina en Antioquia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la partícula causa al año la muerte a 100.000 personas, de las cuales 320 son colombianas.

La utilización de la fibra debió incrementarse sin embargo porque la cantera “ahora está abierta”, afirma Castro. “Creímos convenientes varios detalles para relanzar nuestro, en especial el auge de la construcción, (la reapertura de) Las Brisas y los programas de vivienda gratis del Gobierno”.

Dos posiciones
Los 10 documentos en los que fue dividida la publicación contienen varios tópicos. Uno trata la prohibición de la fibra en varios países como Australia, Arabia Saudita, Japón, Chipre, Sudáfrica, Islandia, Gabón, Honduras, El Salvador, Chile, Uruguay y Argentina. En Venezuela son hasta ahora medidas parciales.

En comparación con esas naciones, Colombia se mantiene entre dos posiciones.

‘La verdad sobre el asbesto’ defiende la iniciativa de que la sustancia sea clausurada definitivamente, por efectos en la salud humana. No solo de los obreros que la tratan, sino de sus familias. Las agremiaciones no se alejan de la postura preventiva, pero no concuerdan con el radicalismo.

Y los sindicatos, como Sutimac, abogan por el cumplir de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Si bien el asbesto está catalogado como fibra perjudicial para la salud, nosotros planteamos que se extremen las medidas de seguridad para que no haya perjuicios en los trabajadores”, aseguró Otoniel Ramírez López, presidente Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (Sutimac).

Ramírez insiste en que no puede hablarse de “prohibición” porque como el asbesto hay otros recursos naturales nocivos, y de ellos depende el funcionamiento de importantes sectores productivos. Por ejemplo, el carbón y el ferroníquel. “También habría que hacerlo con esos y otros minerales, con lo que se causaría una crisis económica”.

El abogado Castro advierte que el Estado “ha hecho esfuerzos, pero se ha quedado corto” en la vigilancia del asbesto. En especial, porque según él la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector del Asbesto Crisotilo y otras fibras patrocina el uso seguro y no su inactividad. “Después de 20 años está demostrado que los países desarrollados han dejado de utilizarlo, pero aquí hay una doble moral de empresas que lo utilizan a nivel local y no en los países en los que está vetado”.

La opinión

Wilson Castro Manrique
Abogado de la firma De la Calle, Londoño, López & Posada
“En Colombia hay una doble moral por parte de las empresas que sostienen que aquí no pueden sustituir el asbesto por tecnología verde, pero lo hacen en los países donde sí existe prohibición. Incluso, aquí mismo producen los materiales que después envían al exterior”.