lunes, 28 de agosto de 2017

Desde hace muchos años somos conscientes de cómo la corrupción se ha instalado en todos los niveles de la administración de Justicia. En la Rama Judicial hay funcionarios de todas las clases: los honrados, decentes, juiciosos con vocación de servicio y también los ladrones, corruptos y perezosos. Los problemas de corrupción van desde exigir pagos para la elaboración de oficios de embargo hasta escándalos como el de las últimas semanas, con Magistrados de Altas Cortes recibiendo y/o exigiendo coimas para adoptar sus decisiones, pasando por pérdida de títulos judiciales. Nada de esto es nuevo y por supuesto, no por eso menos indignante. No se trata de una crisis en la Justicia. Los escándalos que han azotado a la Corte Suprema de Justicia no son casos aislados, tristemente.

Seguimos en mora de establecer mecanismos eficaces que regulen el ejercicio del derecho y disciplinen a jueces y abogados. Desde controles a las facultades de derecho que en cinco semestres gradúan abogados hasta mecanismos para ser admitidos en el ejercicio que vayan más allá del cumplimiento de los requisitos de grado y surtir el trámite de la expedición de la tarjeta profesional ante el Consejo Superior de la Judicatura. Necesitamos un control paritario ajeno a rencillas y vendettas personales.

Lo cierto es que existen los funcionarios judiciales corruptos porque hay abogados de parte dispuestos a pagar por favores y esos pocos hacen que la mayoría de funcionarios decentes y abogados honestos quedemos en el ojo del huracán. Si no tomamos medidas serias al respecto la situación no va a cambiar, y aunque el escándalo pase, como todos los escándalos, la corrupción seguirá ahí degenerando la justicia y sin llegar a quienes realmente la necesitan.

No creo que la solución sea la que plantea la senadora Viviane Morales que, para mi sorpresa ha tenido acogida en varios sectores, invita a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la administración de justicia. Pretender que modificar la Constitución nos va a sacar del atolladero de la corruptela es tan ingenuo como haber creído que con el delito de inasistencia alimentaria los padres irresponsables iban a entrar en cintura.

Es necesario empezar a sancionar a los corruptos y exigir el cumplimiento del deber profesional. Pero no podemos esperar que la solución esté en que otros sectores del Estado ni en reformas simbólicas. Tenemos la obligación de generar otra cultura y hacer el cambio desde cada uno de nosotros. Dejar de callar y decir “eso siempre ha sido así” y mirar para otro lado.

La Constitución y las leyes ya prevén los mecanismos para combatir la corrupción que está enquistada en nuestra sociedad, por desgracia el asunto trasciende a la Rama Judicial y tenemos escándalos permanentes en las demás ramas del poder público: Dudosos nombramientos de funcionarios en los entes de control, administrativos y judiciales. De cuando en cuando las noticias se llenan de titulares sobre malas prácticas de senadores, representantes a la cámara, alcaldes, etc.

Hay que levantar la cobija con la que unos pocos deciden taparse para lograr su propio beneficio en contra del beneficio común. La desconfianza generalizada y el tráfico de favores a cambio de chantajes y coimas. Es el momento en que tenemos que demostrar que estamos comprometidos con el cambio y que sí estamos construyendo un país decente con garantías para todos. Me niego a creer que los corruptos son más y que no podemos combatirlos.