jueves, 23 de noviembre de 2017
Cualquier empresa puede verse enfrentada en algún momento a un hecho de corrupción. Cuando esto ocurre, una de las principales preocupaciones es el impacto que puede tener en la reputación de la compañía. De antemano, eliminar totalmente ese riesgo es imposible, pues en buena medida depende de cuestiones que escapan del control de la misma empresa: manejo de las autoridades al asunto, difusión en medios de comunicación, etc. No obstante, como cualquier otro riesgo, se puede disminuir. La manera de hacerlo depende en buena medida de las particularidades de cada caso, pero hay algunas cuestiones que pueden tenerse en cuenta de manera general para evitar esa mengua reputacional; son recomendaciones que pueden parecer obvias, pero no por ello intrascendentes.
Lo primero es reconocer la posibilidad de corrupción en la empresa. Muchos empresarios creen que la corrupción es algo que a ellos nunca los va a afectar; piensan que todos sus directivos y empleados son incapaces de cometer hechos fraudulentos, o sencillamente que eso nunca va a pasar en su compañía. Una apreciación totalmente alejada de la realidad. Si realmente se quiere disminuir el riesgo de comisión de conductas corruptas y, por lo tanto, su impacto, las compañías deben anticiparse, creando códigos de conducta y políticas de buen gobierno, que se ajusten a las necesidades y particularidades de la empresa. No es adecuado simplemente tomar un modelo general de internet y copiarlo; las empresas deben tomarse un tiempo adecuado para diseñar un programa anticorrupción adecuado a sus necesidades y particularidades. Ante todo, ese programa debe empezar por el diagnóstico de los riesgos de corrupción de la respectiva compañía, dependiendo de sus formas de operación y escenarios en los que actúa (relaciones con el Estado, permisos especiales para funcionar, regiones con actores de violencia o menor presencia estatal, etc.). Si la empresa no tiene claridad sobre cuáles son los riesgos de corrupción o fraude, con seguridad hay mayor probabilidad de que los riesgos de consoliden y que el impacto reputacional sea más grave.
Una segunda sugerencia es contar con un protocolo adecuado para reaccionar a las situaciones de corrupción empresarial. Las empresas deben tener claridad sobre cómo actuar, si deben adelantar una investigación interna sobre la situación denunciada, la manera de tratar la información recibida, la forma de proteger a quien denuncia el hecho de corrupción, la estrategia para incentivar las denuncias sobre fraudes internos, entre otros. La ausencia de unas reglas claras de reacción puede llevar a un manejo inapropiado de la situación; ese manera errática de tratar el asunto puede terminar agravando el impacto a la reputación generado por el hecho de corrupción. Aún más, ese protocolo debe ser estructurado previamente; la improvisación de ese protocolo, su elaboración sobre la marcha cuando el caso de corrupción ya ocurrió, es absolutamente inconveniente, a pesar de que pueda ser necesario realizar ajustes menores de ese protocolo según particularidades que sean imprevisibles. En realidad, si un protocolo es elaborado correctamente, son pocas las cuestiones que puedan ser calificadas como imprevisibles.
Otro consejo es adelantarse a la lectura que otros le den a la situación. No hay razón para esperar que sean otros los que descubran en un hecho de corrupción en la compañía, ni mucho menos a que otros cuenten la historia de manera equivocada. La empresa afectada por el hecho de corrupción debe ser la primera en poner en conocimiento la situación ante las autoridades públicas, de la manera más completa posible, y, si es pertinente, realizando la debida comunicación pública estratégica, sin esperar a que los medios de comunicación entreguen versiones de los hechos basados en otras fuentes.
