jueves, 5 de julio de 2012
A versión libre fue citado el viceministro de Transporte, Felipe Targa, por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República.
Esto con el fin de escucharlo acerca de las gestiones de su cartera en lo
relacionado con las irregularidades en la ejecución del Contrato de Interventoría Nº 082 de 2007 suscrito entre el Ministerio de Transporte y el Consorcio PAI-Runt con el objeto de realizar 'la interventoría integral sobre la ejecución y liquidación del Contrato de Concesión Nº 033 del 7 de Junio de2007 para la prestación del servicio público del Runt'.
Según la Contraloría, mo obstante los incumplimientos, el Ministerio canceló por actas parciales al Consorcio PAI-Runt, la suma de $398.072.159.
Así mismo se le indagará sobre el hecho de que durante las vigencias 2009 y 2010 el Ministerio de Transporte y el Concesionario Runt omitieron controlar los ingresos por tarifa a favor del Ministerio de Transporte por la expedición de certificados de enseñanza automovilística, cuyo valor inicial ascendía a $2.320.938.600.
La cuantía inicial del daño estaba establecida en $2.719.072.159 y a la fecha, derivado de las acciones adelantadas por la Contraloría, se ha logrado el pago por parte de la Concesión Runt de 248.252 Certificados de Enseñanza Automovilística, que no se habían cancelado. 'La cuantía del detrimento patrimonial a la fecha está establecida en $782.706.559, los cuales no han sido resarcidos', dice el documento de la entidad.
Así mismo fueron citados a declarar Gabriel Ignacio García, ex Viceministro de Transporte, para la época de Andrés Uriel Gallego; Guillermo León Hoyos, ex secretario General del Ministerio de Transporte; Alejandro Maya Martínez, ex -secretario general del Ministerio de Transporte, secretario y funcionario de confianza del saliente Ministro de Transporte Germán Cardona. Igualmente deberá ampliar su versión de los hechos la Representante legal Flor Marina Mesa García de la Concesión Runt S.A. Dentro de las pruebas decretadas, se solicitó la copia de las hojas de vida, declaración de bienes y rentas, actas de posesión y manual de funciones del viceministro de Transporte, Felipe Targa Rodríguez; Angela María López, servidora publica del Ministerio de Transporte y coordinadora del Grupo Runt ; Gabriel García, ex viceministro de transporte; Guillermo león, ex Secretario General del Ministerio de Transporte; Alejandro Maya, ex -secretario general del Ministerio de Transporte.
También se encuentran vinculados como presuntos responsables fiscales Antonio Rodríguez, en su calidad de representante legal del consorcio PAI-Runt; Jorge Vera, Asesor del Despacho del Ministro Andrés Uriel Gallego; los integrantes del Consorcio PAI-Runt: Ponce de Leon Asociados S.A Ingenierons Consultores en liquidación judicial, Interaudit S.A.; Applus Norcontrol Colombia, cuyos representantes ya fueron escuchados en versión libre y espontánea dentro del proceso.
Embargo
De otro lado, luego de la audiencia verbal de descargos sostenida por el Director General del Invías, Carlos Rosado Zúñiga, ante la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República, el ente de control, vigilancia e investigación, mediante auto 4059 del 04 de Julio de 2012, levantó el embargo del salario del investigado.
Esto por no encontrar méritos para mantenerlo dentro del proceso adelantado por un presunto daño patrimonial causado al Estado por más de $105 millones, en ocasión del contrato de interventoría No. 3119 en el Cauca, que adelantó la Sociedad Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores con la entidad en el 2008.
Pero después de conocida la noticia, la Contraloría le pidió a procurador Alejandro Ordóñez que investigara a Rosado por las presuntas faltas disciplinarias en que pudo
incurrir por alterar la verdad procesal con un boletín de prensa de la entidad a su cargo.
En dicho boletín del Invias se afirma que la Contraloría General de la República levantó el embargo del salario del director del instituto por no encontrar méritos para mantenerlo dentro del proceso adelantado. Sin embargo, la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad Anticorrupción de la CGR, Lina María Tamayo, dice que este comunicado falta a la verdad, puesto que en la audiencia verbal de descargos que se inició ayer se levanto la medida cautelar de embargo al salario porque Rosado y su apoderado presentaron una póliza de Seguros del Estado, garantizando el pago del detrimento patrimonial objeto del proceso.
La Contraloría explicó que ese levantamiento del embargo no afecta en nada la vinculación de los responsables fiscales, dentro de los cuales están Rosado Zuñiga, ni decide sobre la culminación del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta.
En este caso, la Contraloría además imputó responsabilidad fiscal en contra del Grupo Nule - concretamente la Sociedad Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores en Liquidación, y a Adolfo Garcés Valencia, funcionario de ese mismo instituto. Por la Sociedad Ponce de León deberán responder su Representante, Saúl Sotomonte. Andrea del Pilar Mancera Rojas amancera@larepublica.com.co
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