viernes, 9 de agosto de 2013
Cinco días de arresto deberá cumplir el superintendente de Salud, Gustavo Morales, por desacatar el fallo de tutela que ordenaba suspender la liquidación de la EPS Solsalud, que venía adelantando desde hace diez meses.
La sanción fue impuesta por el juez Cuarto Civil del Circuito de Neiva, Edgar Alfonso Chaúx Sanabria, quien además ordenó al funcionario pagar una multa de un salario mínimo legal mensual vigente ($589.500), a favor del Tesoro Nacional.
El juez el pasado 11 de junio de 2013 había fallado a favor de Deyanira Rojas Quesada, funcionaria de la EPS y adscrita del sindicato de trabajadores en Neiva, suspender la liquidación de la entidad.
“No es admisible (la liquidación) en la medida en que la misma no tiene una solución inmediata”, dijo el juez en el fallo, al señalar que no contiene medidas de contingencia que “eviten perjuicio a afiliados, trabajadores y al sistema general de salud”.
La sindicalista interpuso la tutela alegando el derecho al trabajo, seguridad social, debido proceso, defensa y contradicción. “Violó el debido proceso, existía una solvencia económica, márgenes de rentabilidad y mejoramiento de los servicios en la EPS”, explicó el Óscar Giovanni Díaz, presidente del sindicato de la entidad prestadora de salud en Santander al sostener que la medida de ordenar la liquidación de Solsalud fue arbitraria.
Sin embargo el superintendente Morales continuó con la liquidación de la empresa, según los trabajadores del sindicato de la EPS. “Luego de estudiar y analizar las diligencias llevadas por el despacho, se observa que el accionante ha manifestado que la Superintendencia de Salud no ha dado cumplimiento al fallo de tutela desconociendo lo ordenado”, explicó el juez Chaúx Sanabria.
Sostuvo que “no existe prueba” de que la Supersalud haya dado cumplimiento inmediato e integral al fallo. “Se puede decir que la conducta desplegada por la entidad accionada constituye un desacato al desconocer las normas de mayor jerarquía y la orden impartida por un juez constitucional”.
Precisó el servidor judicial que tras el desacato deberá ser sancionado el representante legal “por desobedecimiento a la orden impartida por este despacho”.
El juez ordenó que el superintendente Gustavo Morales deberá pagar la sanción en el Comando de la Policía de Bogotá. El funcionario señaló no atenderá la orden, ya que no fue notificado. “Acabo de enterarme, pero uno no está obligado a acatar una orden que no conoce”.
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