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  • Andrea Mancera Rojas

jueves, 20 de diciembre de 2012

Fueron cuatro denuncias las que se presentaron y la investigación se dividirá en etapas, pero en principio se buscará establecer si la administración Distrital incurrió en monopolio entregándole todo el contrato a la Empresa de Acuerducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab). SIC también alertó por multas para establecimientos que vendan juguetes defectuosos.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, explicó que no se está investigando ni al alcalde, sino que se evaluarán los hechos. Descartó también que se vaya a llevar a cabo una investigación a los operadores. 

La SIC anunció que, a pesar de que el acalde llegó a un acuerdo con los operadores, la indagación continuará su curso. 
 
Según Robledo, las sanciones pueden ser de hasta $60.000 millones para funcionarios públicos y para particulares de hasta $1.200 millones. 
 
En la investigación preliminar estarán el Distrito, la Uaesp, Aguas Capital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Mientras que de personas natuales estarían  el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el representante de los operadores. 
 
¡Pilas con algunos juguetes!
 
El Superindustria advirtió que se han encontrado juguetes que no tienen seguridad donde van las baterías, lo que representa riesgos para la manipulación que hacen los niños. También agregó que la custrimoto china de referencia JAl 01 deberá suspender su comercialización porque funciona con combustible y alcanza velocidades de hasta 60 km por hora. Las personas que hayan adquirido estos productos podrán solicitar la devolución de su dinero. "Al que inclumpla con estas determinaciones se le cerrará el establecimiento y deberá pagar una multa de 1.000 salarios mínimos legales vigentes", precisó Robledo. 
 
Investigación a operadores de Telecomunicaciones
 
De otro lado, Robledo señaló que este año se han impuesto multas por $25.000 millones a operadores de comunicaciones. "En 2011 fueron $28.000 millones. Las multas de la década eran de $27.000 millones. Lo que quiere decir que se imponen multas equivalentes a lo de una década", explicó Robledo. 
 
Aclaró, sin embargo, que la posición dominante no es ilegal, sino el abuso. 
 
 
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