sábado, 10 de septiembre de 2016
Todo el país presenció en abril de este año la pataleta burocrática, que sin rodeos, protagonizó el senador liberal Horacio Serpa presionando al presidente Juan Manuel Santos por puestos.
Aunque siempre ha sido así, no es bien visto que los cargos, especialmente de los entes de control y vigilancia, tengan procesos de selección marcados por intereses políticos. No es gratis que la credibilidad de la ciudadanía frente a estas instituciones cada vez sea menor.
Según la última encuesta Gallup, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, pasaron de tener una opinión favorable que superaba 70% a hoy en día ubicarse en 43%, 53% y 50%, respectivamente.
Más allá de las polémicas que han rodeado a estos entes y el enfrentamiento entre ellos mismos, ha sido dañino que la elección en varios de esos cargos esté en manos de los legisladores y aún más que no se exija que los aspirantes no hayan militado en ningún partido político, por lo menos, en los últimos cinco años.
No es bien visto que se escuchen frases como “la Defensoría del Pueblo ya es del Partido de La U, la Fiscalía General se la quedaron los de Cambio Radical, la Contraloría la tienen los liberales y la Procuraduría, aunque es de los conservadores, la deberían recuperar los liberales, ya que antes de Alejandro Ordóñez la tuvieron por más de 15 años
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