martes, 14 de agosto de 2012

En las últimas semanas hemos leído en la prensa y escuchado declaraciones relacionadas con los retrasos en los proyectos de hidrocarburos e infraestructura del país, por razón de las demoras en el trámite de las licencias ambientales requeridas, que se surten ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla

Ello ha conducido a que el Gobierno Nacional se manifieste en relación con la problemática y se orienten los esfuerzos a la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a las locomotoras del desarrollo.

Sin embargo, nada se ha dicho sobre el verdadero drama que sufren las empresas mineras en proyectos mediano y pequeños, que no son competencia de la Anla sino realmente de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, y de las Secretarías de Ambiente, donde la situación es aún peor. Por el momento son letra muerta los términos establecidos en la Ley 1450 de 2011 para surtir el trámite administrativo, los cuales no son ni remotamente cumplidos, en el día a día de los trámites de licenciamiento ambiental.

Mas aguda aún es la crisis para aquellos que se encuentran en el llamado “régimen de transición normativa”, es decir, que están pendientes del establecimiento de un plan de manejo ambiental, como actividades existentes con antelación a la expedición de la Ley 99 de 1993.

Para estos usuarios no existen términos, y sus procesos fácilmente pueden tardar entre cinco (5) años y diez (10) años.

Ello no tendría relevancia si no se cuestionara la viabilidad de continuar con sus labores empresariales, y si no se les tildara de ilegales por no contar con un instrumento de manejo y control ambiental. No existe en realidad medida o esfuerzo aparente por parte de las directivas de las Corporaciones y las Secretarias Ambientales, para solucionar estos inconvenientes.

Obviamente no se pierde la esperanza con el cambio reciente de directores de las CAR, que debiera implicar cambios en el statu quo, por aquello que “escoba nueva barre bien”. Aún así, es poco probable que avancemos en el tema.

Resulta evidente la incapacidad de respuesta que tienen esta autoridades, ante la demanda de servicios, y sobre lo que aún no hay respuestas claras.  Lo grave del asunto es que el tiempo pasa y las oportunidades siguen de largo.

Ya estamos viendo que la bonanza de los altos precios, la que Colombia debería aprovechar, está declinando por razón de la grave situación económica de los países europeos, que golpea la demanda de toda clase de productos.

El precio de nuestros commodities mineros y de los hidrocarburos, han caído sensiblemente.  Adicionalmente, los recursos disponibles para proyectos nuevos y expansiones en los existentes, se están reduciendo.

Si la decisión sobre la viabilidad de esos proyectos se extiende indefinidamente en el tiempo, tales recursos limitados se irán a otros destinos donde puedan producir rendimientos más rápidamente. Se hace urgente la toma de conciencia sobre la situación, y la adopción de medidas gerenciales que nos saquen de atolladero en que estamos.

 No tenemos tiempo para esperar. Ojalá haya quienes escuchen este llamado, ya que las finanzas del país están en sus manos.