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  • Guillermo Cáez Gómez

lunes, 22 de abril de 2013

Mientras en el mundo hay una corriente en contra de la utilización en forma industrial y la exposición humana al asbesto o amianto, en Colombia no se hace nada por regular el uso de este producto que desde hace muchos años se ha comprobado científicamente que es nocivo para la salud por las consecuencias carcinogénicas o cancerígenas a la exposición a dicho mineral.

Este elemento lo tenemos presente en un sin número de productos que son de uso regular y cotidiano, razón por la cual es de imperiosa necesidad que en un estado social de derecho se protejan intereses públicos como la salud desde una faceta preventiva, en otras palabras prohibir la utilización del asbesto como materia prima y la exposición al mismo.
 
En este sentido en la Sentencia T-548/11 la H. Corte Constitucional ha dejado claro que al Gobierno le compete la faceta preventiva del Derecho a la Salud, es decir evitar que se produzca una enfermedad. Como es evidente los estudios respaldan la tesis de la peligrosidad de esta sustancia para los humanos, desde 1977 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer (CIIC), calificó a todos los tipos de amianto o asbesto dentro del grupo No. 1 de agentes cancerígenos, resultado que fue confirmado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la última publicación sobre el asbesto y su carcinogenicidad en el 2006.
 
Lo paradójico es que en momentos en que en el mundo países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Alemania, Austria, Polonia, Italia, Francia, Arabia Saudita, Gran Bretaña, Chile, Argentina, Australia, España, Uruguay, en Brasil en los estados de Recife, Rio de Janeiro, entre otros han prohibido el uso y comercialización del asbesto buscando sustitutos a este elemento que no sean nocivos para la salud humana; en Colombia se está dando una batalla por reabrir la única mina de asbesto que existió en Colombia y que se ubica en el municipio de Campamento, Departamento de Antioquia, situación que es absolutamente inadmisible y es un llamado de atención a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para que se evite que la Minería las Brisas S.A. abra sus puertas, toda vez que con ello evitaran que la cifra del número de enfermos por cáncer de Colombia aumente. Hay que anotar que en Colombia quienes no les interesa que se prohíba esta sustancia han acogido como escudo protector o trinchera el concepto del Uso Seguro; tesis recientemente descartada en países como Perú y Canadá, quienes desecharon esta práctica y se unieron a la tendencia mundial de la prohibición. El uso seguro es solo parcialmente válido para el ámbito laboral, no es una hipótesis que se pueda llevar por simple analogía a la vida cotidiana, ya que no es posible desde ningún punto de vista científico afirmar que hay un uso seguro del asbesto, todo lo contrario. A esta corriente a favor de la prohibición del asbesto en el mundo y que comenzó hace más de 15 años en Europa, se le suman en Colombia diferentes personalidades de los medios, multinacionales, gremios e incluso sectores de la industria que están a favor de esta necesaria abolición. Andrés Hoyos, ex Director de Medios de Comunicación y Prensa de la SIC y quien ahora con su firma representa estratégicamente a varias empresas del país en temas de comunicaciones, está liderando la campaña “No Más Asbesto en Colombia”, (en Twitter: @nomasasbesto) la cual busca crear conciencia sobre el peligro inminente de la apertura de una mina de asbesto en el país, así como liderar acciones tendientes a que esto no ocurra. Así que desde esta Columna nos unimos a esta campaña y hacemos un urgente llamado de atención al Gobierno para que tome cartas en este asunto, y no permita que el derecho a la salud sea soslayado por intereses económicos que quieren explotar el mineral y llenarse los bolsillos pisoteando el bienestar de los colombianos.
 
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