miércoles, 8 de agosto de 2012
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dirigió un oficio al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, exigiéndole adecuar sus políticas públicas al ordenamiento jurídico vigente.
En la misiva el jefe del Ministerio Público señaló al Alcalde que su propuesta de crear zonas en donde se permitiera el consumo de estupefacientes y que las mismas fueran distribuidas gratuitamente a los adictos por las autoridades públicas, contradice lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, así como lo establecido en los artículos 375 y 376 del Código Penal, en la Ley 1566 de 2012 y en las Convenciones de las Naciones Unidas sobre la materia de 1961, 1971 y 1988, suscritas por Colombia. 'La propuesta carece de todo fundamento constitucional o legal, toda vez que supondrían instrumentalizar a los adictos/enfermos con propósitos distintos a procurar su salud'.
Sin embargo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos dijo 'creo que podría hacerle mucho bien a la sociedad en la medida en que el Estado suministre la dosis que el permita a la persona mantenerse más o menos, 'saludable', de acuerdo con su adicción'. 'Como magistrado y como académico creo que es una buena protesta. La persona que es adicta debe ser tratado como un enfermo'.
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