miércoles, 18 de diciembre de 2013
El abogado y exfiscal general de la Nación Mario Iguarán, quien defiende los intereses del inhabilitado alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en materias penales, afirmó están contemplando la posibilidad de solicitar a un juez de garantías que tome medidas preventivas contra el Procurador Alejandro Ordóñez.
“Dentro del proceso penal que se sigue contra el Procurador, ir ante un juez de control de garantías para pedirle una medida preventiva respecto a la decisión que hoy por hoy está afectando al alcalde mejor”, puntualizó Iguarán. El abogado además explicó que dentro de dichas medidas no se suspendería la decisión del fallo del ministerio público, pero sí el cambio de procurador, quien definiría el futuro disciplinario en el caso Petro.
“No se puede descartar como medida preventiva para el bien del procurador y del alcalde que dentro del proceso penal se pida la suspensión de la competencia del señor procurador (…) en ese orden de ideas suspendida la competencia se da trámite al recurso de reposición, pero sería otro procurador quien debería decidir”, señaló Iguarán.
Por el escándalo, la Fiscalía General ya anunció que se tienen abiertas dos investigaciones preliminares contra Ordóñez luego de recibir una denuncia por la decisión de destituir e inhabilitar al Petro por 15 años, causándole así la ‘muerte’ política.
En ese sentido, las pesquisas contra Ordóñez buscan establecer si existió o no un exceso en las funciones del jefe del ministerio público.
“Se averiguará primero si el Procurador tenía o no facultad para destituir al Alcalde. En segundo lugar, si fue o no desproporcionada la inhabilidad contra el mandatario capitalino. Además, se determinará si se violaron o no los principios de la contratación en el caso de las basuras”, dijo el Fiscal General, Eduardo Montealegre.
Frente a la inhabilidad por 15 años del mandatario distrital, el fiscal Montealegre dijo: “allí tenemos que determinar si la sanción de inhabilidad al alcalde Petro fue o no proporcional y, además, si se violó o no el principio de igualdad frente a otras sanciones impuestas a funcionarios corruptos, la cual fue menor”.
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