lunes, 7 de marzo de 2016
Según Mosquera, la Fiscalía General busca que el excandidato presidencial sea vinculado penalmente al caso por interceptaciones ilegales al proceso de paz, hechos en los cuales la defensa de Zuluaga ha indicado no tener ningún tipo de responsabilidad, por lo que califican la acción como una “persecución política” contra la oposición.
“Las medidas van dirigidas para la protección de Óscar Iván Zuluaga, por una persecución política que está demostrada, bajo unas pruebas que no vamos a dar a conocer, pero que ya fueron puestas en conocimiento del organismo internacional”, señaló Mosquera.
El jurista manifestó que ante la Cidh fueron radicados tres mil folios en los que se deja constancia, de un presunto “discurso de odio”, por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, varios ministros, y de la Fiscalía General de la Nación.
Para el jurista, la Fiscalía no le ha permitido a Zuluaga iniciar un proceso de defensa adecuado, porque no se le permitió conocer varios elementos en poder del ente acusador, y que comprometerían a Zuluaga y a Hoyos con las supuestas interceptaciones.
“Acudimos a la justicia internacional para demostrar que a la defensa no se le ha permitido acceder a la pruebas de la Fiscalía contra Óscar Iván Zuluaga, ni contra Luis Alfonso Hoyos, especialmente los vídeo difundidos en años pasados”, indicó Mosquera.
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